Los hechos alrededor de la licitación del proyecto Hidroituango ratifican las alertas de SINPRO sobre los riesgos a que se siguen sometiendo EPM y el proyecto Hidroituango por parte de las actuales administraciones de Medellín y la empresa, empecinadas en entregar las obras de la segunda etapa a una empresa china, como ha denunciado el Sindicato desde hace tres años.

Lo sucedido con el único oferente y especialmente con la firma Schrader Camargo S.A.S, a la que además entregaron a dedo las obras finales de las unidades 3 y 4, ha suscitado una serie de inquietudes, que deberá responder el gerente general, a quien enviamos el pasado viernes 24 de febrero 13 peticiones al respecto. Ver derecho de petición

En primer lugar, solicitamos información sobre los criterios y procesos para definir el cambio de los contratistas de las obras finales de las unidades 3 y 4, así como las de la segunda etapa (unidades 5 a 8); cómo va el proceso de empalme entre CCC Ituango y Schrader Camargo -si es que lo hubo-, así como el avance de las obras a cargo del nuevo contratista; y establecer si la actual administración también pondrá en vilo la entrada en operación, el próximo 30 de noviembre, de las unidades 3 y 4.

De igual forma y dada la poca claridad frente al proceso licitatorio de las obras de las unidades 5 a 8, es fundamental conocer qué plan activará EPM en caso de que el Consorcio Ituango PC-SC (Powerchina International Group Limited y Schrader Camargo S.A.S) finalmente no cumpla con la experiencia requerida, cuándo se iniciaría una nueva licitación y cómo afectaría el cronograma y la entrada en operación de esas unidades.

En este apartado, desde SINPRO ratificamos nuestra preocupación por que se adjudique a dicho consorcio la ejecución de las obras, dada su falta de experiencia, y por los riesgos asociados a posibles nuevos retrasos, entre ellos, el que se indica en el informe de Pöyry, al no pasar la totalidad del agua por las turbinas y siga haciéndose en un gran porcentaje por el vertedero. Es de recordar que dicho informe habló de la inconveniencia del cambio del contratista anterior.

Entre tanta oscuridad frente a esta licitación y los intereses políticos en tal sentido, no hay claridad si EPM participará en nuevas subastas con la energía que producirá el proyecto y si la energía que generen las unidades 5 a 8 se utilizará para proyectos de la empresa o para entregarla a través del sistema interconectado nacional para venta al mercado mayorista.

Riesgos que persisten

Desde SINPRO y diversos sectores hemos advertido sobre los riesgos que implicarían nuevos retrasos del proyecto y los eventuales costos derivados, por lo que las responsabilidades fiscales y de todo tipo que se generen como consecuencia de ello, deberán recaer en las actuales administraciones de Medellín y EPM, incluida su actual junta directiva.

• Riesgo para la sostenibilidad del proyecto y de EPM. Si el 30 de noviembre de 2023 no entran en operación las unidades 3 y 4 supondría billonarias pérdidas ante la ejecución de garantías por parte de la Creg por incumplir compromisos de subastas anteriores, así como por concepto de asignación de energía en firme.

• Riesgo para la seguridad energética nacional. Ante la probabilidad que se presente un fenómeno del Niño, el país podría enfrentarse a un apagón de grandes proporciones y la posibilidad, además, de un aumento de las tarifas de energía eléctrica en todas las regiones de Colombia.

• Riesgos estructurales. Se pondría en peligro la estabilidad de algunas estructuras y el del vertedero, que ha debido operar continuamente durante unos cinco años, pese a que no se diseñó para que trabajara de forma permanente.

• Riesgos para la infraestructura física de un proyecto de esta magnitud, al entregar la obra a un consorcio sin probada experiencia, lo que implica que no se pueda garantizar la calidad de las obras, máxime cuando no hay claridad respecto al aseguramiento de éstas.

• Riesgos a los recursos, por los aportes billonarios de EPM a la Nación vía impuestos, las transferencias a Medellín para inversión social y las transferencias a más de 50 municipios y corporaciones autónomas regionales para agua potable, saneamiento básico y mejoramiento ambiental.

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