Si bien el pasado 23 de diciembre desde SINPRO celebramos la firma de ampliación de los respectivos contratos para continuar con las obras del proyecto Hidroituango, hoy lamentamos que no se haya llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Procuraduría General de la Nación, y que EPM optase por la vía de la demanda contra los contratistas del proyecto.

Reiteramos lo que hemos indicado desde el mes de septiembre, en el sentido que el reclamo de $9.9 billones por parte de EPM a los contratistas representa grandes riesgos para las finanzas de la empresa y para el desarrollo de Medellín y de Antioquia, como quiera que también pudiese darse una eventual contrademanda de los contratistas a EPM, con posibles consecuencias, entre otras, la posición de las calificadoras de riesgo y la posible pérdida de parte de la cobertura de la aseguradora, sin contar lo que implica para los contratistas trabajar para una empresa que los tiene demandados.

Estos son los riesgos a los que conducen ahora a la empresa tanto el alcalde de Medellín, la Junta Directiva de EPM y el gerente general de EPM, con una nueva muestra de insensatez donde se evidencia que priman intereses personales y políticos sobre los intereses legales y los de la comunidad.

Esperamos que este nuevo proceso jurídico no afecte el cronograma de obras de Hidroituango, proyecto necesario para la seguridad energética de Colombia.

SINPRO