La junta directiva de EPM se reunió hoy en sesión extraordinaria para aprobar los nombramientos de dos personas que, a nuestro juicio, son evidencia de la penetración de la politiquería a la alta dirección de la empresa.

Con la llegada de la abogada María Cristina Toro Restrepo a la Secretaría General y de la comunicadora Mabel Rocío López Segura a la Vicepresidencia de Comunicaciones, queda expreso que el alcalde y el actual gerente general quieren darle representación a cuotas de los políticos que apoyaron y siguen apoyando el gobierno que hoy administra a Medellín.

No cuestionamos los méritos académicos de las personas nombradas, pero sí el hecho de que han hecho carrera a partir del apalancamiento de políticos con reconocido manejo clientelista de la nómina estatal.

En el caso particular de la señora Toro es preciso contar que hace algunos años trabajó en EPM, fue despedida e indemnizada por no contar con la experiencia o las competencias necesarias, por lo que no creemos que tenga presentación alguna, ni que sea ético, que siendo despedida por un gerente sea premiada con un cargo más alto por otro gerente.

Es preocupante el rumbo que ha tomado EPM en los últimos 16 meses. El alcalde no confía en la empresa por lo que ha tratado de que personas cercanas a él sean “sus ojos”, primero con la presencia de la secretaria privada de la Alcaldía de Medellín en las sesiones de la junta directiva de EPM y ahora con la llegada de Mabel López a la Vicepresidencia de Comunicaciones, a quien le quedará fácil no solo ser los ojos sino construir una narrativa de la empresa apegada a la que está construyendo el alcalde en el sentido de que la empresa está en la quiebra, que Hidroituango va por mal camino y que el sector privado tenía injerencia en las decisiones de la organización.

Es evidente que se planea el festín de derroche de los recursos públicos, pues llega a EPM una persona cercana a quien en su momento usó a la empresa como caja menor para sus gustos personales. No nos olvidemos de la vajilla de los cien millones de pesos.

Nuestra responsabilidad, como organización sindical, nos lleva a analizar todas las acciones que puedan ir en contravía de la sostenibilidad de EPM y en detrimento del patrimonio público de Medellín.

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