Llamado al presidente de la República y a toda Colombia

Manifiesto por la protección de EPM, el proyecto Hidroituango, las comunidades y la seguridad energética nacional

Desde SINPRO y otros sectores hemos alertado sobre los riesgos de la no entrada en operación, en los tiempos establecidos, de las dos primeras y la totalidad de las unidades de generación del proyecto Hidroituango, que una vez culminado aportará el 17% de la energía del país.

Riesgos para la seguridad energética nacional ante la probabilidad de un fenómeno del Niño en los próximos años que podría desencadenar desabastecimiento y aumento de tarifas, riesgos para la estabilidad del vertedero, riesgos para las comunidades aguas abajo y riesgos para la supervivencia de EPM.

Por tanto, proteger a EPM es proteger a Colombia y la institucionalidad representada en la segunda empresa que más aporta a la Nación y en la que transfiere billonarios recursos a más de 100 municipios de diferentes regiones del país.

Esa EPM estará en grave riesgo si la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) hace efectivas las garantías de 207 millones de dólares por la no entrada en operación comercial de las dos primeras unidades, este miércoles 30 de noviembre, no obstante, la existencia de atenuantes que urgen postergar su funcionamiento.

En tal sentido manifestamos nuestra unión al clamor de la bancada antioqueña en el Congreso de la República y de diversos actores sociales que piden a la Creg prorrogar por un tiempo prudencial esa fecha, con el propósito de hacer las pruebas necesarias orientadas a minimizar riesgos y preservar la integridad de las comunidades de las zonas de influencia y los trabajadores del proyecto, como ha sido la principal premisa de EPM desde el inicio de su construcción.

Llamamos al presidente de la República, a la ministra de Minas y Energía, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), a XM y a todas las entidades con incidencia en el desarrollo del proyecto Hidroituango, a que escuchen este pedido general y tomen de forma urgente y articulada una decisión encaminada a garantizar la sostenibilidad de EPM, el proyecto, la seguridad energética nacional y la protección de la comunidad.

Extender el plazo de la entrada en operación dejando de lado la ejecución del cobro de las garantías por parte de la Creg es la decisión más adecuada y acertada.

Llamamos al Gobierno Nacional a que, respetando la autonomía de EPM como entidad 100% pública de propiedad del Municipio de Medellín, defina claramente su posición frente a la empresa y al proyecto Hidroituango.

Llamamos a toda la institucionalidad, a todos los miembros del Senado de la República y la Cámara de Representantes, a la Procuradura General de la Nación y al Contralor General de la República, a las demás empresas de servicios públicos del país y la ciudadanía, a unirse solidariamente a las voces que piden proteger a EPM para que siga siendo modelo de rigurosidad, eficiencia, calidad, cobertura, cuidado del ambiente y un ejemplo de aporte al bienestar y progreso de millones de colombianos en distintas regiones del país.

Finalmente hacemos un llamado especial a los entes de control para que ejerzan con responsabilidad su labor, puesto que EPM, Medellín y la seguridad energética se siguen poniendo en riesgo por animadversiones e intereses políticos y particulares, y decisiones lejanas a los rigores técnicos, financieros, jurídicos, ambientales y sociales que han caracterizado a EPM durante 67 años.

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