En reunión del 3 de agosto con el Gerente de EPM y el Presidente de UNE entregamos un documento, ampliamente sustentado, en el que se concluye que UNE EPM Telecomunicaciones S.A., por ser una empresa oficial descentralizada del orden municipal y con capital 100% público se rige por la Ley 734 de 2002 en lo referente a los principios rectores de la ley disciplinaria; y por la Ley 1341, que conservó disposiciones de la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios), en lo referente a los procedimientos de contratación. Por lo tanto, los controles político, disciplinario y fiscal sobre la empresa deben ser ejercidos por el Concejo de Medellín, la Personería de Medellín y la Contraloría General de Medellín, respectivamente.

Por esos mismos días, la alta dirección de UNE venía ventilando imponer la sentencia C-338 (del Consejo de Estado) en los sujetos disciplinables esgrimiendo que la empresa se regía por el derecho privado. Nuestra posición jurídica sigue siendo que UNE es una filial de una empresa industrial y comercial del estado, que se rige por el artículo 94 de la Ley 489 de 1998 y, consideramos, que con todo esto se está perdiendo mucho tiempo en la discusión sobre el régimen jurídico frente a los entes de control y no se están haciendo los esfuerzos en pos de los objetivos estratégicos de la empresa, ni se está trabajando con suficiente vehemencia en los temas que efectivamente afectan la competitividad de la compañía, tales como: la falta de disciplina estratégica y el liderazgo para la gestión del negocio, a nivel interno; y la asimetría regulatoria, a nivel externo.

Simultáneamente, la empresa hizo público el nuevo Reglamento Interno de Trabajo de UNE, cuyo texto, en varios aspectos, va en contravía de la cultura organizacional, ya instalada, propiciando un mayor deterioro del clima laboral. Este Reglamento, que además de ir en contravía de algunos logros convencionales y del bienestar laboral del capital humano, genera un clima de zozobra, coerción e inestabilidad. Desde SINPRO venimos haciendo el análisis jurídico del Reglamento, con el fin de evitar que se cometan abusos en contra de quienes con su trabajo diario le dan valor a la compañía.

Hacemos un llamado urgente a la organización para que concentre sus esfuerzos en la atención de temas que están afectando la viabilidad empresarial y que no genere, intencionalmente o no, cortinas de humo mediante estrategias de gestión, especialmente del recurso humano. No es en las herramientas donde hay que poner el foco, la ley colombiana ofrece los suficientes elementos para dirimir cualquier situación de carácter laboral interno, dados por nuestra naturaleza; es sobre nuestro actuar estratégico y una mayor proactividad regulatoria la que reorientará el rumbo empresarial. Nuestro llamado se extiende también a que estos temas sean consensuados con las organizaciones sindicales y a no crear un pánico general innecesario con este tipo de acciones.

SINPRO frente a la asimetría regulatoria
Fiel a nuestra filosofía de aportar a la viabilidad y a la competitividad a largo plazo de las empresas, desde SINPRO hemos emprendido acciones concretas encaminadas a prevenir a los organismos del Estado acerca de la posibilidad de que se presente un escenario de abuso de posición dominante por parte de Claro en la industria de las TIC. Esto lo hemos realizado a través de comunicaciones en medios y cartas a la Presidencia, la Vicepresidencia y el Congreso de la República, a los Ministerios de Trabajo y de TIC, a las Superintendencias y a la CRC. Fruto de ello ampliamos nuestras apreciaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitadas por dicho ente.

En este contexto sentimos que venimos realizando un trabajo profesional, encaminado no sólo a evitar la participación de Claro en la licitación del espectro radioeléctrico, sino a la implementación de una Ley que regule la posición dominante en las TIC, con suficientes herramientas para sanciones fuertes en la violación de la Ley y con elementos de regulación asimétrica, que permita enderezar el campo de juego de los actores de la industria, para mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad empresarial de Colombia.