En octubre el alcalde de Medellín presentará al Concejo de nuevo un proyecto de Acuerdo para modificar el objeto social de EPM. ¡Qué implica eso para la empresa?
Al momento de publicar esta nota, el alcalde de Medellín anunció que retirará, por ahoya y hasta el mes de octubre, el proyecto de Acuerdo de que habla este editorial.
El 1° de julio se radicó en el Concejo de Medellín un proyecto de Acuerdo que busca se concedan facultades, por seis meses, al alcalde de Medellín para que modifique el objeto social de EPM. De otorgar ese poder omnímodo, el cabildo podría estar dando un paso, que junto al de la entrega de UNE, podría ser el más grave de esa corporación en su historia reciente, al existir la posibilidad de dejar al garete a la empresa.
Se trata de tres líneas, muy diversas. La primera, el ofrecimiento y prestación de servicios relacionados con biocombustibles, infraestructura, movilidad sostenible, tecnologías de la información, servicios compartidos y “adecuación de tierras para dotarlas con riego, drenaje o protección de inundaciones”. La segunda, la producción, transformación, gestión y explotación comercial de infraestructura, información, conocimiento, subproductos y todo tipo de bienes; ofertas de financiación, soluciones para las personas, el hogar, el comercio y la industria; servicios de corresponsal de seguros y turísticos asociados a su infraestructura. Y una tercera, que avala a la Junta Directiva de EPM para que adopte y ejecute actividades que busquen el beneficio con nuevas tecnologías. Como ya se dice desde varios frentes de la ciudad, en ese objeto “cabe un tren de lado”.
Hoy ya no se habla de privatización o de la naturaleza 100% pública de EPM. No hace falta. El lenguaje y las actuaciones son distintas, pero los objetivos podrían ser los mismos. En palabras del exfuncionario Francisco Valderrama “se abona terreno para el próximo paso: invocar la necesidad de un “socio estratégico” para responder a negocios en los que no tendría por qué haberse involucrado. ¿O es que el propósito es privatizar por la puerta de atrás…?”
Sin adentrarlos aún en el análisis pormenorizado del proyecto de Acuerdo firmado por el propio alcalde y por el gerente de EPM, consideramos que con esas facultades el Concejo no solo le otorgaría un cheque en blanco al mandatario, también se deslindaría de su obligación y su responsabilidad de tomar las decisiones más adecuadas para brindar calidad de vida a los ciudadanos, con base en el debate y en el estudio técnico, jurídico, financiero y social de los temas sobre los que deben decidir en nombre de ellos.
De ahí que, desde SINPRO, coincidimos con Medellín Cómo Vamos en el sentido que la discusión del objeto social de EPM, y de paso su autonomía, debe hacerse de forma abierta, amplia y pública, ya que compromete a una empresa que le genera cuantiosos recursos al Municipio para inversión social y que es vital para la estabilidad energética del país. Tampoco es adecuado, dice Medellín Como Vamos, plantear que la junta directiva pueda cambiar el objeto social discrecionalmente, cuando lo vea necesario, al no ser esta una empresa por acciones sino una empresa industrial y comercial, ciento por ciento pública, cuyos dueños somos todos los medellinenses.
Si bien, como ya lo hemos dicho en diversas oportunidades, EPM es un ente autónomo y las actuaciones del alcalde en calidad de representante de la comunidad deben enmarcarse exclusivamente a través de la Junta Directiva, que él escoge y preside, es innegable que su pensamiento y acciones en torno a los temas más relevantes de EPM tienen incidencia directa en la sostenibilidad de la empresa, como ya sucedió en administraciones pasadas, para bien o para mal.
“Sería una oportunidad de oro para los actuales 21 integrantes del Concejo, debatir amplia, abierta y públicamente”
Toca entonces trasladarnos poco más de dos décadas atrás, cuando un aguerrido y socialmente comprometido Concejo de Medellín se opuso a la privatización de EPM. El resultado fue el Acuerdo 069 de 1997 que transformó a EPM en una empresa industrial y comercial del estado, de naturaleza 100% pública y de propiedad única del Municipio de Medellín. Sería una oportunidad de oro para los actuales 21 integrantes del Concejo, debatir amplia, abierta y públicamente, como ya se ha planteado, pero especialmente con los análisis de todo tipo que se requieran, y con apoyo de técnicos, expertos en todo lo que plantea el proyecto de Acuerdo, y la voz de la comunidad, para decidir sobre el presente y futuro de EPM, con la discusión de los cambios que se plantean al objeto social.
No podemos olvidar, así mismo, que a pesar de que gran parte de la agenda pública se ha concentrado en la emergencia actual por el coronavirus, hay varios temas adicionales al objeto social, en los que debemos centrar gran parte de nuestra atención por lo que podrían implicar para la sostenibilidad de la empresa, como el proyecto Hidroituango, la entrada en operación de la porción CaribeMar de Electricaribe y el debate que deberá darse frente al futuro y el control de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., entre otros.
Desde SINPRO, como ya lo hicimos en 2015 y 2016 cuando en el Congreso de la República se pretendió modificar en parte la Ley 142 de 1994, para ampliar el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios a diferentes actividades que nada tenían que ver con su objeto natural, estaremos liderando varias acciones en diferentes escenarios, apoyando lo que, al final de los análisis que se hagan sean favorables para EPM, y manifestando nuestra oposición a lo que vaya en contravía de su naturaleza, objeto y autonomía.
Esperamos, así mismo, que el alcalde de Medellín cumpla efectivamente con lo manifestado en conversatorio que sostuvimos cuando aún era candidato: “EPM es y seguirá siendo 100% pública (…) vamos a recuperar la buena imagen, la marca y la confianza en EPM”.
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Los alivios para el bolsillo ofrecidos por EPM a sus usuarios durante la actual emergencia social invitan a resaltar el espíritu de solidaridad institucional.
Sin distingo de raza, origen geográfico, condición social o credo, el Covid-19 afectó, literalmente, a todo el mundo, aunque en diferente medida. Los más vulnerables han profundizado su fragilidad económica, laboral y social, pero daños se han extendido a todos, poniendo a prueba la verdadera dimensión solidaria y colaborativa de los seres humanos y de las instituciones.
Al margen de las discusiones que tienen que abordarse sobre el nuevo rumbo al que se pretende encarrilar a EPM y que podría afectar su sostenibilidad -el anunciado cambio o ampliación de su objeto social, la incongruencia entre la planeación a largo plazo versus el planteamiento de los nuevos focos estratégicos para el presente cuatrienio, la culminación y puesta en marcha del proyecto Hidroituango, el monto de las transferencias al Municipio, la operación de CaribeMar, el alto nivel de endeudamiento, y el control de UNE, entre otros-, resulta justo hacer un balance de las medidas propias y las dictadas por el Gobierno Nacional, adoptadas por EPM durante la actual emergencia, que no obstante afectar los ingresos de la empresa, se han traducido en alivio y en aporte a la mitigación de los efectos económicos y sociales que han sufrido las familias de Medellín, Antioquia y el país, incluidas las de los servidores y los contratistas de EPM.
“Un primer paso se dio tan pronto iniciada la cuarentena obligatoria (…), garantizando a los usuarios en Antioquia el acceso, sin restricciones, a los servicios públicos domiciliarios esenciales”
Un primer paso se dio tan pronto iniciada la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno Nacional, garantizando a los usuarios en Antioquia el acceso, sin restricciones, a los servicios públicos domiciliarios esenciales, lo que se tradujo en la reconexión de energía y gas en 38.876 hogares, el congelamiento temporal del cobro de intereses de mora por el no pago de los mismos, la suspensión del abono a las deudas pendientes en las recargas de agua y energía, la financiación sin intereses de recargas de los programas Aguas y Energía Prepago, y la congelación de cuotas de financiación de créditos con la empresa, entre ellas las relacionadas con la tarjeta SOMOS.
Estratificación de los alivios
Aunque es claro que la emergencia ha afectado a todos y en escalas diferentes, también podría afirmarse que a mayor vulnerabilidad, mayor necesidad de requerimientos básicos. De ahí que EPM, siendo cuidadoso con su propia sostenibilidad, aplicó los principios de equidad y de proporcionalidad para definir algunos alivios, teniendo como base el estrato y condición social de los hogares. En ese contexto, puso en marcha una serie de medidas temporales, de aplicación inmediata y con efectos paliativos en el corto, mediano y largo plazo para todos los usuarios de los estratos 1 a 6 y clientes no residenciales para los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas. Ver infografía.
Situación tarifaria
En lo corrido del año y especialmente durante el período de cuarentena se han presentado innumerables quejas ciudadanas en el país por el incremento de las tarifas de servicios públicos, anunciados en su momento por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), respectivamente, que con la emergencia agravan de forma notoria la situación económica de millones de hogares de todos los estratos sociales, así como el de las empresas y todas las instituciones públicas y privadas.
“Como parte de las medidas de alivio implementadas por EPM, la empresa decidió no aplicar, por ahora, el ajuste de las tarifas de acueducto y alcantarillado”
Bajo esa premisa y como parte de las medidas de alivio implementadas por EPM, la empresa decidió no aplicar, temporalmente, el ajuste de las tarifas de acueducto y alcantarillado; e implementar la Resolución 048 de la CREG que permite a los usuarios opciones de pago para la tarifa del gas, financiándola hasta por 60 meses.
Pese a las medidas del Gobierno para que el costo del kilovatio hasta julio no suba, se presentan reclamos de los ciudadanos por las alzas en las facturas de energía, afectando especialmente a los estratos 1, 2 y 3, que según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), son el 88 % de los más de 13,52 millones de clientes residenciales y reciben subsidios del Gobierno. Estos incrementos obedecen en gran medida a que muchos usuarios no son conscientes de la necesidad de ahorro para no pasar el tope del consumo de subsistencia, sobre el que se aplica el subsidio. Es decir, todo kilovatio que se use de más, a partir del consumo de subsistencia, se paga a tarifa plena, lo que se refleja en el valor de la factura.
En los últimos días, el Ministerio de Minas y Energía indicó que los recibos del servicio de energía remitidos a los usuarios para el mes de junio no podrán registrar un incremento en la tarifa frente a mayo. Así mismo se prohibió a las prestadoras del servicio la realización de la medición por promedio de consumo.
Durante la emergencia, EPM, en este sentido, ha buscado proteger a los usuarios, a través de varias campañas, recomendando el uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios, dado que, al haber más personas en casa, muchas de ellas trabajando o estudiando, los consumos tienden a incrementarse.
Solidaridad compartida
Más allá de los alivios referentes a los servicios públicos domiciliarios, EPM ha realizado otras acciones, en materia de salud: convenio con la Universidad de Antioquia para la formación y apoyo a profesionales de la salud y el desarrollo de contenidos pedagógicos sobre el Covid-19, en contraprestación con la formación de personal adscrito al Departamento Médico; y un aporte económico de $3.000 millones a la IPS Universitaria para la dotación de equipos biomédicos en su Unidad de Cuidados Intensivos.
Así mismo, en conjunto con la Alcaldía de Medellín creó el Fondo Abrazando con Amor, administrado por la Fundación EPM, al cual aportó $1.300 millones, con los que se han distribuido kits alimentarios en Medellín, otros municipios antioqueños y Uribia en La Guajira; cuotas monetarias en Boyacá, Caldas, Santander y Sucre; y la proporción de insumos médicos a 12 instituciones de la salud de Caucasia, Puerto Nare, Ituango, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Buriticá, Cañasgordas, San Jerónimo, Sonsón, El Santuario, Betania y Mutatá.
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¿Cuál es el foco de EPM?
El papel de las transferencias de EPM post pandemia
Es bien sabida la importancia de EPM para Medellín. Dos cifras dan cuenta de lo anterior. En el periodo 2008-2018 las transferencias de EPM representaron un 19% de los ingresos totales del Municipio de Medellín y casi un 30% de sus ingresos propios. Estos recursos han representado un apalancamiento significativo en la inversión pública municipal, dado que dichos recursos deben ser destinados exclusivamente a inversión social y le han permitido sobresalir en los primeros lugares de mayor inversión por habitante, entre las más importantes ciudades del país.
En la coyuntura actual de la pandemia por el COVID-19 cobran aún más relevancia las transferencias de EPM al Municipio. La entidad tiene un papel central en desarrollar una política contra cíclica, esto es, bajo posibles menores recursos derivados de las crisis por la pandemia, es relevante que destine gran parte de ellos en inversión que permita aminorar o incluso revertir la reducción del crecimiento económico y el aumento del desempleo; en ese sentido, el Municipio requiere hoy más que nunca los recursos provenientes de EPM.
“Aunque los de 2020 están garantizados, con transferencias por $1,26 billones, los recursos para el 2021 están bajo incertidumbre”
Aunque los de 2020 están garantizados, con transferencias por $1,26 billones, los recursos para el 2021, fruto del ejercicio del presente año, están bajo incertidumbre. Es posible anticipar una caída de las utilidades de Empresas Públicas de Medellín, vía una reducción de la demanda no residencial de servicios públicos. En el caso de la energía eléctrica, de acuerdo con estimaciones iniciales en países de Asia y Europa, que han sido más afectados por la cuarentena, la demanda eléctrica ha disminuido entre el 15% y el 20% (BID, 2020).
La pregunta crucial será si EPM podrá garantizar el monto de transferencias ordinarias y extraordinarias al Municipio, planteadas en el Plan Financiero del Proyecto de Acuerdo, dado su compromiso social con la calidad de vida de los ciudadanos en Medellín o, por el contrario, la crisis la golpeará tan fuertemente que dichas transferencias terminarán reduciéndose, y con ello la inversión social en la ciudad en un momento de crisis económica y social.
El Proyecto de Acuerdo no modificó, en relación con el anteproyecto, el monto de las transferencias que recibirá Medellín, por un valor de casi $6,3 billones que apalancarán el 32% de la inversión municipal en el cuatrienio.
Más allá del planteamiento de la Alcaldía de Medellín en relación con la no modificación del monto por transferencias, valdría la pena empezar a preguntarnos por otros elementos relevantes en cuanto al uso histórico de estos recursos, si han sido estratégicos y si podrían en un futuro cercano, luego de pandemia, ser pensados de forma distinta.
Medellín Cómo Vamos ha realizado un ejercicio desde hace unos años atrás en el cual indagamos si la destinación de estos recursos por transferencias de EPM difiere de la inversión total de recursos públicos por sectores, para tratar de responder si hay apuestas estratégicas.
“…los recursos por transferencias de EPM se vienen distribuyendo entre todos los sectores, en mayor o menor magnitud, dependiendo del gobierno de turno”
El resultado es que los recursos por transferencias de EPM se vienen distribuyendo entre todos los sectores, en mayor o menor magnitud, dependiendo del gobierno de turno, manteniendo educación en el primer lugar de la inversión y transporte en el segundo, sin que se evidencien, más allá de eso, apuestas estratégicas con dichos recursos. Los dos últimos gobiernos invierten más o menos en el resto de los sectores, dependiendo de sus apuestas particulares, lo que termina repercutiendo en la inversión pública total, como se evidencia entre 2016 y 2018 con menor inversión en recreación, deporte y vivienda, y una mayor en lo relacionado con industria y comercio, y saneamiento básico y agua.
La importancia y/o dependencia de las transferencias de EPM para la inversión social que ha realizado el Municipio en las últimas dos décadas ha revelado con anterioridad coyunturas difíciles para la gestión local, cuando se reducen dichos recursos ostensiblemente, afectando un número significativo de programas que tradicionalmente se han nutrido de ellos. Pensar más lo que deben significar los recursos de EPM para la inversión municipal implica pensarlos más estratégicamente y no como hasta ahora, donde se convierten en una bolsa a repartir entre una multiplicidad de proyectos.
Bien valdría la pena poner en discusión, si una apuesta estratégica pueda significar destinar una parte de dichos recursos a un Fondo que sea empleado única y exclusivamente para dos fines: 1) proyectos estratégicos de ciudad incluidos en ejercicios de planificación de largo plazo y 2) atención a choques como los que nos deja esta pandemia del COVID-19.
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El trabajo por fuera de la oficina más el uso de tecnologías para hacer las tareas diarias y mantenerse en contacto con los jefes, marca tendencia por la situación actual.
A raíz de la etapa de aislamiento, la habitual forma de trabajar en la oficina tuvo que ser adecuada de forma repentina y obligada a trabajar desde el hogar, bien en forma de teletrabajo o de trabajo en caso, modalidades con notorias diferencias.
Teletrabajo
Regulado en Colombia por la Ley 1221 de 2008, el teletrabajo es una modalidad laboral a distancia, que se realiza fuera de la empresa a través de tecnologías que facilitan la comunicación entre las partes sin necesidad de estar en un lugar determinado para cumplir las funciones. Es un modelo organizacional diferente al tradicional que replantea las formas de comunicación interna y en consecuencia genera nuevos mecanismos de control y seguimiento a las tareas.
Existen tres modalidades: el teletrabajo autónomo, para trabajadores independientes que se valen de las TIC para sus tareas, ejecutándolas desde un lugar elegido por él; el teletrabajo suplementario, para trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, utilizando las TIC para su cumplimiento, teletrabajando al menos dos días a la semana; y el teletrabajo móvil, para trabajadores que utilizan dispositivos para ejecutar sus tareas, lo que les permite ausentarse con frecuencia de la oficina.
Trabajo en casa
Esta es una nueva forma de trabajo que aún no está regulada por la legislación laboral y que, a diferencia del teletrabajo, no es una modalidad contractual ya que no implica la modificación del lugar de trabajo. Cuando un trabajador desarrolla su función desde su casa de forma ocasional y temporal, no es considerado un teletrabajador, aun cuando para desempeñar sus funciones utilice las TIC, por lo que continúa con las mismas condiciones del contrato de trabajo como si estuviera realizando su función de manera presencial. El trabajo en casa continúa siendo una autorización excepcional que se implementó con ocasión de la pandemia, y es más que nada una medida de trabajo ocasional, temporal y excepcional.
El Ministerio del Trabajo ha sido enfático en advertir que el trabajo en casa no puede equipararse al teletrabajo, pues el trabajo en casa no contiene los elementos, requisitos y formalidades establecidos en la Ley 1221 de 2008 y sus normas reglamentarias. Dicha norma señala que: “una persona que tenga la condición de asalariada no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual”.
Si está desempeñando sus funciones bajo la modalidad de trabajo en casa, tenga en cuenta:
· La relación laboral y la facultad subordinante entre el trabajador y el empleado sigue vigente. De igual manera se mantienen vigentes las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para quienes trabajan desde casa.
· No puede haber disminuciones unilaterales de salarios.
· Las tareas encomendadas por el empleador deben ser ejecutadas de tal manera que permitan el descanso necesario al trabajador.
· Los empleadores y trabajadores se deben ceñir al horario y jornada de trabajo, con el fin de garantizar el derecho a la desconexión laboral digital.
· Los empleadores deben promover espacios que permitan al trabajador la realización de pausas activas, de higiene y protección de la salud, así como un descanso mínimo entre reuniones continuas.
· Los correos electrónicos y mensajes vía WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria durante la jornada laboral, de manera que se respete la vida personal y los espacios de descanso del trabajador.
· El empleador notificará a la ARL que sus empleados están trabajando desde sus casas.
· Los trabajadores procurarán cuidar su salud y suministrarán al empleador información clara, veraz y completa sobre cualquier cambio de su estado de salud que afecte su capacidad para trabajar.
Herramientas para el teletrabajo
Entre las herramientas para realizar teletrabajo con éxito, elegimos estas opciones como las más seguras y fáciles de utilizar:
· Medios: telefonía fija y celular, correo electrónico, videoconferencia.
· Herramientas de mensajería: Whatsapp y Telegram.
· Herramienta videoconferencia: Teams, Skype y Hangout.
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