Abril de 2024

La hidroeléctrica El Peñol-Guatapé es considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en materia de energía del país. Lograr semejante embalse representó reubicar a todo un pueblo, El Peñol, y comprar miles de hectáreas. Igualmente, la construcción de la central fue todo un reto para la ingeniería antioqueña en los años 70.

Represar las aguas del caudaloso río Nare significó para el país garantizarle buena parte de la energía que consume; también que aguas abajo se pudiera aprovechar el líquido para nuevas centrales de energía; esta vez no de propiedad de EPM, como la primera, sino de ISAGEN.

Pero con el tiempo, se cayó en la cuenta de que EPM hacía unas inversiones muy cuantiosas en el mantenimiento de su represa y a la misma central; trabajos que garantizan una amplia capacidad de almacenamiento de agua y, por supuesto, la regulación de los caudales que permiten la generación de una energía firme con amplios criterios de confiabilidad para preservar la continua operación de las demás centrales hidroeléctricas que conforman la cadena hidráulica.

Por tanto, desde el año 1997 se tasaron esos costos para evitar que fuera un detrimento patrimonial para la empresa antioqueña. Se estableció una cifra de pago a favor de EPM por parte de las propietarias de las demás centrales que se lucraban de las aguas de El Peñol-Guatapé; y como había que ponerle límite a la vida útil, un tiempo establecido, se determinó en los estudios de la demanda que la fecha sería 2023 para que las centrales de ISAGEN retomaran el pago de sus obligaciones con EPM.

Sin embargo, hace exactamente 20 años se logró con la Nación uno de los arreglos más importantes para el futuro de Medellín y Antioquia. El Concejo aprobó el Acuerdo 002 del 6 de marzo de 2004; decisión que despejó el futuro económico de la región. Allí, EPM desistió de la demanda civil en contra de ISAGEN, la cual se había formulado desde 1998 con el propósito de reclamar los beneficios económicos, que sin retribución alguna estaban recibiendo dichas empresas estatales por la regulación de los caudales de la cadena hidráulica Nare-Guatapé-San Carlos, construida aguas arriba a través del embalse de El Peñol, propiedad de EPM.

Se retiró la demanda con el argumento de facilitar la modificación de las condiciones de pago de la deuda del Metro de Medellín a la Nación. La pretensión a la que renunciaba EPM era en ese momento de $628 mil millones.

Lo anterior significa un enriquecimiento sin causa para ISAGEN, porque la central hidroeléctrica San Carlos se lucra a título gratuito de la regulación de caudales del río Nare en el embalse El Peñol de propiedad de EPM: y para EPM un empobrecimiento que conlleva a un detrimento patrimonial debido a que hasta la fecha sigue asumiendo los mayores costos que le generan la operación, la administración, las nuevas inversiones, la conservación y el mantenimiento de la cadena productiva de energía en la región.

Con la venta de ISAGEN, el panorama se tornó más complejo porque de no revivir el tema de esos beneficios se estaría favoreciendo a un particular. No obstante, esa demanda y el valor estipulado correspondían a los beneficios estimados hasta 2023.

Por tal razón, se debe retomar el tema por parte de EPM y el Distrito de Medellín; por lo cual recomiendo muy respetuosamente se estudie la viabilidad de un nuevo proceso de reclamación contra ISAGEN, valorando los aspectos técnicos, jurídicos y financieros contemplados en la demanda de 1998, pretensión que hoy  serviría para recoger los insumos necesarios con el fin de determinar los beneficios futuros que le tributará a sus centrales hidroeléctricas el embalse Peñol-Guatapé; esto con el fin de proteger el patrimonio público.

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