Agosto de 2024.
Uno de los mayores desafíos de EPM en 69 años se dio cuando su autonomía se puso en riesgo. Se viene trabajando en una propuesta para proteger el gobierno corporativo de EPM. ¿Hacia dónde debe orientarse?
El valor de una empresa pública como EPM se determina por diversos factores, entre ellos el cumplimiento de su objeto social, su reputación, la generación de beneficios a su dueño y la contribución al desarrollo de las comunidades donde presta sus servicios.
En virtud de esos propósitos y teniendo en cuenta la experiencia a la que fue abocada EPM los últimos cuatro años, urge tomar medidas encaminadas a fortalecer la empresa y blindar su gobierno corporativo para evitar que vuelva a quedar expuesta a los caprichos de la administración de turno, cualquiera sea.
Recientemente conocimos que la actual administración está dando pasos en esa dirección y se viene trabajando en una propuesta para fortalecer el Código de Gobierno Corporativo, que desde 2007 se sustenta en el Acuerdo Marco de Relaciones Municipio - EPM.
El objetivo es proteger la empresa ante posibles decisiones que puedan afectar la confianza de los grupos de interés y, por el contrario, dar tranquilidad y mantener su buena reputación ante la banca, calificadoras de riesgo, tenedores de bonos, usuarios y ciudadanos. Aunque hay hermetismo sobre la propuesta en construcción, hay varios aspectos que no pueden quedar por fuera de ella.
Elección del gerente y la junta directiva
Aunque la forma de elegir al gerente de EPM probablemente no cambie al ser una decisión del alcalde, si debiera tener como requisitos mínimos tener un perfil gerencial, conocer ampliamente el sector de los servicios públicos domiciliarios y compartir el ADN institucional de la empresa.
La elección de los miembros de la junta directiva debe tener unas condiciones, también mínimas, para que dicha junta funcione realmente como un sistema de pesos y contrapesos, y no como un comité de aprobaciones de las decisiones del alcalde.
Según la OCDE, los miembros de las juntas directivas de las empresas estatales “deberían contar con la suficiente autoridad, competencia y objetividad para realizar su función de guía estratégica y supervisión de la administración”. Esto lo recordó el exministro Jorge Humberto Botero en el foro “Propuestas para la gobernabilidad de EPM”, organizado por SINPRO.
Una razón más de peso para elegir una junta de excelencia es que su participación en los comités define aspectos cruciales para la operación, estrategia y futuro de la empresa. EPM cuenta con cinco comités: Auditoría y Riesgos; Gestión y Gobierno Corporativo; Sostenibilidad, Estrategia e Inversiones; TI y Ciberseguridad; y Seguimiento a Proyectos.
EPM como ente autónomo
El grado de injerencia del Distrito sobre la gobernabilidad de EPM determina su autonomía. En este aspecto, cualquier decisión debe estar muy bien sustentada para que la empresa pueda seguir actuando como ente autónomo, con libertad para tomar decisiones estratégicas, sin que el Distrito se convierta en obstáculo para tal propósito, sin que eso signifique desconocerlo como representante de los dueños, los habitantes de Medellín.
Lo anterior no implica que EPM vaya a actuar de manera independiente, ya que comprende su papel y liderazgo dentro del conglomerado público del Distrito de Medellín. La autonomía institucional es lo que ha permitido que EPM haya ingresado al grupo de las 11 multilatinas colombianas que aparecen en el informe del The Boston Consulting Group (BCG) y la única 100 % pública de ese listado.
Transferencias a Medellín
Otro tema que debería entrar al debate es el de las transferencias de EPM a Medellín. El Acuerdo Marco determina que EPM debe entregar transferencias financieras no superiores al 30% de la utilidad neta ajustada, y expresa que “No obstante, en casos excepcionales, se pueden decretar transferencias financieras por encima de este monto”. Lo que aparece como posibilidad ante “casos excepcionales”, en la práctica se volvió costumbre, porque todas las administraciones de Medellín han ido hasta el máximo del 55% entre transferencias ordinarias y extraordinarias, y en ocasiones han querido más.
Las transferencias han sido fundamentales para Medellín, pero su porcentaje en cualquier momento podría afectar la sostenibilidad de la empresa. En la medida en que EPM continúe por la senda de nuevos negocios y con la operación al 100% del proyecto Hidroituango, la posibilidad de mayores utilidades se traduce en transferencias, sin necesidad de aumentar sus porcentajes. Algunos expertos manifiestan incluso que deberían ser solo las ordinarias, es decir, las correspondientes al 30% de las utilidades de EPM.
Frente a la discusión sobre el blindaje del gobierno corporativo, es importante reiterar que no se debe incluir ninguna propuesta relacionada con el cambio del objeto social de EPM. Un proyecto en tal sentido debe ser debatido por separado. La historia reciente indica que ese fue uno de los causantes del resquebrajamiento de la gobernabilidad de la empresa.
Aporte de SINPRO a la protección de EPM
Como se hizo en 2023 cuando, a través de una firma especializada como Valoriza Group, entregó un ejercicio de valoración de EPM para analizar el impacto de las decisiones de la anterior administración en los resultados de la empresa, ahora y como aporte a la defensa de EPM, SINPRO, en conjunto con expertos en el tema, conocedores de EPM y su ADN institucional, viene trabajando en la elaboración de un concepto integral en tal sentido y posibles alternativas para el blindaje legal del gobierno corporativo.
Este ejercicio, financiado en su totalidad por SINPRO, contemplará principios fundamentales y estructura de gobierno corporativo, lo que incluye la elección del gerente general y los miembros de la junta directiva; roles del Distrito como propietario y como cliente, los de la empresa como prestadora de servicios; política de transferencias; mecanismos de control y auditoría; y vocería institucional, ente otros.
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Agosto de 2024
Una visión de Todos por Medellín de una de las tareas prioritarias que debe abordar EPM, la protección de su gobernabilidad.
La importancia estratégica de EPM para Medellín y la región es indiscutible. Entre 2020 y 2023 entregó casi siete billones de pesos en transferencias (ordinarias y extraordinarias) al Distrito de Medellín, representando un 23% del total de sus ingresos y su patrimonio representa casi el 52% del patrimonio total del Conglomerado Público de Medellín.
Justamente, el convencimiento de que esta empresa es valiosa ha impulsado a que se tengan los ojos abiertos de la sociedad entera a lo largo de sus casi 70 años de historia como empresa ciento por ciento pública. Hace cuatro años enfrentamos una crisis sobresaliente en EPM. De ella tenemos que aprender como sociedad y ofrecer soluciones prácticas que permitan avanzar y seguir apostando a la sostenibilidad de la empresa.
Aunque a algunos les puede sonar lejano aquello del gobierno corporativo, en la practica la mayor debilidad en los últimos cuatro años de la empresa estuvo centrada allí. El gobierno corporativo es el conjunto de factores que influyen en la toma de decisiones estratégicas en una organización, con el ánimo de que cumpla su misionalidad y se mantenga en el largo plazo. Su importancia, desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción, radica en reforzar la transparencia con la que se toman decisiones.
Es por esto por lo que el abordaje de las mayores debilidades del gobierno corporativo de EPM es fundamental en el presente de la empresa. Los diseños institucionales están pensados para imaginar los peores escenarios y erigir barreras para que justamente no se den.
Varias señales de deterioro pueden ejemplificarse y, por tanto, buscar que se corrijan: intento de modificación de los estatutos para que las modificaciones futuras no fueran al Concejo Distrital y el interés manifiesto de que fuera la junta la que en lo sucesivo hiciera los cambios al objeto social; nombramiento de miembros de junta directiva como un vocal de control cercano al alcalde y contratista del Distrito; presencia en la Junta Directiva de servidores de la administración central que no asisten por delegación; nombramiento de gerentes sin las calidades profesionales que requiere el cargo, publicación de información relevante por parte del Alcalde antes de su divulgación ante la Superintendencia Financiera de Colombia o información manipulada para fines políticos o contractuales, tal como ocurrió con el caso de los contratistas del proyecto Hidroituango y la información sobre el deterioro de la inversión en Tigo-Une y sus impactos en las transferencias al Distrito.
Así, el mayor reto ahora es cómo se establece un acuerdo, ya no de voluntades sino vinculante, entre el distrito como propietario y la administración de la empresa para garantizar que tanto el gerente como la junta sean de altas calidades profesionales y éticas, que en el nombramiento de los miembros independientes haya posibilidad de que además del alcalde puedan ternar organizaciones de la sociedad civil y la academia para que el gobierno de este patrimonio que es de todos los medellinenses no dependa casi en su totalidad de las decisiones del alcalde de turno, entre otros asuntos que deberán profundizarse, restando discrecionalidad y generando unos límites razonables en pro de salvaguardar y potenciar el patrimonio público.
Todos por Medellín está diseñando un modelo de cumplimiento legal y de ética pública que le permita hacer seguimiento a los riesgos de corrupción en todo el conglomerado público del Distrito bajo la metodología GRC (gobernanza, riesgos y cumplimiento). Dentro de la gobernanza, además de ética y rendición de cuentas, intercambio transparente de información, políticas de resolución de conflictos de interés, administración de recursos públicos, está lo relacionado con gobierno corporativo.
Producto de este análisis tendremos informes anuales y generación de alertas, en principio, con una muestra de entidades del conglomerado, y aspirando a que se puedan incluir todas aquellas buenas prácticas que eviten la materialización de los riesgos relacionados con la corrupción y la falta de transparencia.
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Agosto de 2024.
Principales conclusiones del Diálogo de Ciudad "EPM, una prioridad de Medellín" organizado por SINPRO.
SINPRO realizó la cuarta versión de los Diálogos de Ciudad, esta vez titulado “EPM, una prioridad de Medellín”, a la que asistió la mayoría de los concejales de Medellín y que tuvo como objetivo fortalecer la relación entre ambas partes para trabajar armónicamente en la defensa de EPM, el mayor patrimonio público de la ciudad.
Estos Diálogos de Ciudad, en los que ha participado representantes de los sectores social, académico, empresarial, gremial y político, han dejado varias conclusiones. Una de ellas es que es imposible pensar la ciudad y la región sin EPM por lo que significa para el desarrollo de Antioquia y Medellín y la financiación de sus programas y proyectos sociales. Otra conclusión es que la mejor defensa de EPM y Medellín es elegir siempre a un buen alcalde y a un Concejo a la altura de la ciudad.
Para SINPRO, el Concejo es una entidad clave que determina los proyectos de ciudad y el futuro de las entidades que conforman el Conglomerado Público del Distrito de Medellín, como lo es el Grupo EPM. Por esa razón, los concejales fueron invitados a conversar sobre temas que pronto tendrán que debatir como son las modificaciones al gobierno corporativo de EPM y la venta de las acciones que la empresa tiene en UNE, entre otros.
Una de las conclusiones de ese cuarto Diálogo de Ciudad es que “es imperativo blindar el gobierno corporativo de EPM ante futuras administraciones de la ciudad y de la empresa que vengan con intereses personales, politiqueros y burocráticos. Es claro que los ajustes respetarán la autonomía de la empresa sin que ello la convierta en rueda suelta del Conglomerado Público del Distrito de Medellín”. Sobre el tema, SINPRO precisó que los concejales no deben permitir que un proyecto de Acuerdo sobre el gobierno corporativo de EPM incluya cambios a los estatutos y, en particular, al objeto social de la empresa.
Respecto a la propuesta de enajenar las acciones que EPM posee en UNE, los concejales concluyeron que es necesario revisarla desde diversos ángulos: financiero, laboral, técnico y jurídico. Además, deben sopesar toda la información relacionada con los beneficios que la venta podría traer para EPM y para la ciudad.
En esta conversación, los concejales también se mostraron preocupados por el futuro de filiales como Emvarias y Afinia, las cuales siguen requiriendo de más inyección de capital para su operación. Quedó expresado durante el diálogo que el Concejo hará seguimiento permanente a las filiales nacionales e internacionales de EPM.
Finalmente, los concejales manifestaron su firme voluntad de aprender en profundidad sobre las operaciones y estrategias del Grupo EPM. Reconocieron la importancia de contar con un conocimiento detallado y actualizado de la empresa para poder participar en debates informados y fundamentados, actitud que para SINPRO es prueba de su compromiso con la toma de decisiones responsables que beneficien tanto a la empresa como a la ciudad y al departamento.
Principales conclusiones del Diálogo
Diálogos de Ciudad
Este es un espacio creado y liderado por SINPRO en 2022, en el que, en sus cuatro versiones, ha participado un variado grupo de representantes de los sectores social, académico, empresarial, gremial, político y medios de comunicación, para analizar desde diferentes ópticas los temas relacionados con EPM, las posibles soluciones a problemáticas coyunturales y a defender el patrimonio público y la institucionalidad.
Las conclusiones de los primeros tres Diálogos de Ciudad y los aportes que de estos surgieron y fueron entregados a la nueva administración de EPM quedaron consignadas en el libro “Por un renacer de EPM y Medellín: aportes desde SINPRO a la defensa del patrimonio público”, editado y publicado a finales del año 2023.
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Agosto de 2024.
El Concejo tendrá que abordar la propuesta de vender a UNE. Por transparencia, el talento humano y como acto de responsabilidad financiera, estratégica y social deben quedar claros varios temas antes de cualquier decisión.
Resulta inevitable poner nuevamente sobre el tapete los posibles escenarios alrededor de UNE (TigoUNE) e Invertelco, donde a pesar de que EPM es el socio mayoritario desde la supuesta fusión efectuada en 2014, en todas sus instancias la empresa es controlada por Millicom. La venta de las acciones de EPM (50% + 1) llegó nuevamente al Concejo por propuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mediante un proyecto de Acuerdo que autorice esa enajenación. Valga decir que SINPRO es parte interesada, al contar con cerca de 400 trabajadores afiliados en UNE.
Si bien hay quienes argumentan razones de peso para que EPM salga de esta inversión estratégica de la que no tiene control a pesar de hacer parte de su junta directiva, tanto EPM y la Alcaldía, como el propio Concejo, antes de tomar una decisión sobre una eventual venta, tendrían que dar respuestas claras a cada uno de varios interrogantes que se presentan.
¿El futuro del talento humano?
El Acuerdo 17 de 2013, que aprobó la sociedad UNE-Millicom, determinó que “en todo caso, se conservarán los derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S. A.”, que ese año sumaba unos 2.750 empleados, todos provenientes de EPM desde su escisión en 2006.
Con el paso de los años esa cifra disminuyó dramáticamente, mediante despidos, planes de retiro y el traslado, en 2016, de 601 de ellos a Huawei TMSC SAS, a través de una supuesta sustitución patronal, de los que quedan menos de 200 en esa empresa de origen chino. En 2017 el número de servidores bajó a 1.726, y a julio de 2024 quedan alrededor de 800 trabajadores, es decir que Millicom redujo el talento humano de UNE en 70% desde que tomó el control, lo que ha demostrado que también ha sido un muy mal empleador.
En este tema, las administraciones de Medellín y EPM tienen que responder, sin rodeos, qué pasará con esos 800 empleados que quedan, todos formados y con gran trayectoria anterior en EPM. Respetar sus derechos implica, como mínimo, garantizar su continuidad y la de sus condiciones laborales, entre otros. Estos trabajadores no pueden quedar en el aire.
Es importante reiterar que, las personas que ingresan a la supuesta empresa fusionada, TigoUNE, lo hacen a Colombia Móvil (Tigo), donde no hay sindicatos, por lo que las condiciones laborales son inferiores.
¿Cuál es el valor de la empresa?
En el año 2022 cuando la anterior administración de Medellín propuso esta venta, que no fue aprobada entre otros, por la desconfianza en la destinación que les daría a los recursos y la poca claridad sobre la respectiva valoración de la empresa, se estimó en ese momento, que el valor de esas acciones, sin saberse su certeza, era de entre 2,3 y 2,8 billones de pesos.
Ahora es necesario saber si ya se hizo una nueva valoración de la empresa, lo cual debe ser obligatorio para el desarrollo de los debates del Concejo, y que, independientemente del método que escogido para dicha valoración, ésta requiere se incluyan todos los factores objetivos posibles como, entre otros, el patrimonio de la empresa, el flujo de caja, la posición competitiva en el sector, el valor de mercado, las condiciones económicas, las expectativas del negocio y las últimas capitalizaciones efectuadas por EPM y Millicom, lo que podría haber significado un aumento en el valor de la empresa.
A la pregunta de cuánto valen UNE e Invertelco hay que sumar otra: ¿Es Millicom el único interesado o es posible llegar a una batalla de ofertas para obtener el mayor valor? Ya sabemos que la primera opción es Millicom, pero no se debería descartar ninguna opción, como tampoco los ciudadanos permitiremos que se ferie el patrimonio público representado en UNE.
En honor a la verdad y a la transparencia, insistimos en la respuesta a los interrogantes antes de aprobar el proyecto de Acuerdo.
¿En qué se utilizarán los eventuales recursos?
De acuerdo con lo expresado en el Diálogo de Ciudad realizado por SINPRO el mes de junio, la mayoría de los concejales propusieron que ante una posible venta de UNE e Invertelco se incluya una cláusula de conservación del activo, lo que se conoce como principio de conservación de activos. Esto significa que, aunque EPM venda su participación en UNE (50% + una acción), debería adquirir otro activo a cambio. De este modo, se garantizaría que EPM mantenga el control sobre los recursos generados por dicha venta.
También se ha mencionado la posibilidad que estos dineros ingresen a la caja de EPM para sus proyectos de inversión. Lo que se resalta de esta propuesta es que EPM siga siendo autónoma en el manejo de sus recursos.
La tercera opción provino del anuncio del alcalde Federico Gutiérrez, quien dijo “que no se vuelva plata de bolsillo, sino que se convierta en un gran fondo para el desarrollo de la ciudad y las nuevas generaciones. Temas ligados a ciencia, tecnología e innovación, becas educativas, para que la ciudad frente a esa nueva vocación genere nuevas oportunidades para todos”.
Esta última opción no debería ser siquiera discutida dado que, en el fondo, es enviar más recursos al Distrito para proyectos, actividades y otras inversiones ajenas a EPM, para las que ya la empresa entrega billonarios recursos vía transferencias de sus utilidades, y que para el presente cuatrienio se proyectan en 10,3 billones de pesos.
En conclusión, es obligación que, de darse la potencial venta, quede muy claro cuál va a ser el destino de los recursos provenientes de ella.
En este artículo presentamos estas tres preguntas básicas, sin embargo, en los debates se deberá ahondar en muchas otras, relacionadas con aspectos de tipo técnico, tecnológico y estratégico para EPM y Medellín.
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Agosto de 2024.
Si bien podrían ser necesarios ajustes para adecuarla a las nuevas realidades, cambiar la misión principal de la empresa no lo es. EPM debe centrarse en retomar plenamente su esencia.
En la última década y desde diferentes orillas se ha pretendido modificar el objeto social de EPM para ampliarlo de tal manera que la empresa se meta en “cualquier actividad comercial”.
La primera vez fue en 2014 cuando un congresista antioqueño presentó un proyecto de ley para modificar el objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios. Aunque se planteaba como genérico, su enfoque era EPM. El proyecto finalmente no fue aprobado, gracias en parte a la gestión de SINPRO en conjunto con diversos actores sociales; sin embargo, hubo un segundo intento en el Congreso, que tampoco tuvo éxito.
Años después, el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, por medio de un artículo abrió la puerta al cambio del objeto social de las empresas de servicios públicos. Esta vez fue el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aprovechó la oportunidad para proponer un cambio del objeto social de EPM, ajustado a sus propios intereses. Esa propuesta, nociva e inconsulta, tampoco prosperó gracias a la labor liderada por SINPRO, y provocó la mayor crisis institucional de EPM y de su gobierno corporativo.
SINPRO, que no ha estado de acuerdo con ninguno de los tres proyectos mencionados, no ve necesario un cambio del objeto social de EPM dado que, tal como está, es conveniente para que EPM siga cumpliendo sus actividades, continúe con su plan de inversiones y siga siendo una de las empresas públicas más importantes y eficientes. Es posible que se requieran algunos ajustes para adecuar la empresa a las nuevas realidades más no un cambio general.
Antecedentes
Su objeto social ha permitido a EPM incursionar en otros mercados, permitiendo su crecimiento incluso por fuera de Colombia. Por el contrario, habría que analizar porqué el Grupo EPM tiene como filiales a EPM Inversiones S.A., Maxseguros EPM Ltd. y Promobiliaria S.A. que cumplen con actividades que podrían estar por fuera del objeto social de la empresa.
Hace unos meses, por determinación del Consejo de Estado, la empresa debió terminar las actividades de la Tarjeta Somos al haberse salido de su objeto social con la financiación de electrodomésticos y equipos tecnológicos. Aunque Somos tenía un gran componente social, de acuerdo con el fallo, no está dentro de los alcances de lo que debe hacer EPM.
Ampliar el objeto social de EPM implica abrir una gigantesca puerta, especialmente cuando la empresa aún tiene numerosas tareas pendientes dentro de su misión esencial.
Los alcances del objeto social
El objeto social de EPM está expresado en el Acuerdo Municipal 12 de 1998 que determina: “la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural y demás servicios de telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento y aprovechamiento de las basuras”.
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