Este es nuestro homenaje para los padres, que hoy sea un día especial para todos ustedes.
Ante el panorama en el que se ha puesto a EPM cursa una acción popular interpuesta por SINPRO por la vulneración de derechos e intereses colectivos de los ciudadanos.
La institucionalidad, situación financiera y reputación de EPM han sido puestas en riesgo como nunca en 66 años, por las acciones y decisiones irresponsables en cabeza de quien ve a EPM como un juguete para satisfacer su egocentrismo y megalomanía, olvidando que la “dignidad” que debería ostentar lo obliga a salvaguardar el patrimonio público y los intereses de los ciudadanos de Medellín, verdaderos dueños de la empresa.
Desde el inicio del período de la actual administración municipal, EPM ha sido sometida a una serie de acciones en las que el alcalde de Medellín ha ejercido un rol de dominación sobre la Junta Directiva de la empresa, imponiendo decisiones burocráticas, clientelistas y con alta carga de politiquería y populismo, con la venia de la actual junta, poniendo en alto riesgo, entre otros, el proyecto Hidroituango, y con ello, la sostenibilidad del Grupo EPM y los recursos que le aporta a Medellín, a Antioquia y al país.
Las consecuencias son grandes. Basta observar el daño reputacional ante la vulneración permanente del código de gobierno corporativo y la inestabilidad generada por los escándalos alrededor de los gerentes nombrados por el alcalde -una vergüenza-, y la preocupación por posibles efectos: sobrecostos y mayores retrasos en el proyecto Hidroituango, multas, riesgos para la seguridad energética del país, demora en los pagos de las aseguradoras y baja en las calificaciones de riesgo, lo que se podría traducir en la solicitud de los acreedores de EPM para que les pague anticipadamente las obligaciones de largo plazo, hoy cerca de 22 billones de pesos.
“Basta observar el daño reputacional ante la vulneración permanente del código de gobierno corporativo y la inestabilidad generada por los escándalos alrededor de los gerentes nombrados por el alcalde…”
A este se sumó un nuevo riesgo, el embargo de la Contraloría General de la Nación a las cuentas de Integral, que posiblemente extienda a los demás contratistas del proyecto Hidroituango, lo que podría derivar, como ya lo hemos advertido desde el año pasado, en la culminación anticipada de la relación con los contratistas (Adenda AMB 39 de 2020), paralizando las obras y sería la excusa para aducir fuerza mayor o urgencia manifiesta.
Ante el panorama en el que se ha puesto a EPM, cursa en el Juzgado 35 Administrativo de Medellín una acción popular interpuesta por SINPRO contra el Municipio de Medellín en cabeza de su representante legal, por la vulneración y la puesta en riego de derechos e intereses colectivos estipulados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, como son la defensa del patrimonio público, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, y la moralidad administrativa.
Las pretensiones de esta acción popular son claras. En primer lugar, que se declare el incumplimiento al gobierno corporativo de EPM por parte del alcalde de Medellín como representante legal del Municipio; de igual forma, que se declare que sus actuaciones condujeron al aumento del costo de las obligaciones financieras de EPM, poniendo en peligro la estabilidad de la empresa; y, finalmente, que se condene al alcalde a restituir los mayores valores del costo financiero que ha tenido que reconocer EPM en sus obligaciones ante el mercado financiero.
Con esta acción popular de parte de SINPRO y otras que adelantan algunos ciudadanos se busca ponerle “tatequieto” a quienes juegan con EPM con sus actuaciones omnímodas frente a la empresa, a la Fundación EPM y a diferentes instituciones de la ciudad como la propia.
“Con esta acción popular de parte de SINPRO y otras que adelantan otros ciudadanos se busca ponerle “tatequieto” a quienes juegan con EPM”.
Solo hay que dar un vistazo a lo que representa la empresa para no dudar en defenderla. El Grupo EPM genera más de 60.000 empleos directos e indirectos; la cobertura general con promedio del 95% en servicios de energía, acueducto, alcantarillado, gas y aseo; los aportes realizados en los últimos cinco años a Medellín por $6,4 billones en transferencias para inversión social; la entrega en 2020 en transferencias del sector eléctrico por $85.500 millones a 52 municipios y tres corporaciones autónomas regionales de Antioquia; y el aporte por más de $5 billones a la Nación vía impuestos.
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El rigor con que el grupo EPM ha logrado adquirir créditos para sus proyectos y conseguir óptimos resultados no es fruto de prácticas recientes, está en su ADN corporativo.
Que el Grupo EPM haya tenido utilidades por $3,7 billones en 2020, el año más difícil para la economía mundial debido a la pandemia, es una muestra de que la solidez financiera de la organización está cimentada en una gestión seria, rigurosa y que solo responde a la necesidad de mantener a la empresa como una excelente prestadora de servicios públicos domiciliarios con capacidad de generar excedentes para la inversión social de Medellín.
En el campo financiero, la fórmula de conducta de EPM es sencilla: como ente autónomo decide actuar de manera limpia y transparente para tener una excelente calificación que le permita acceder a créditos con los que avanzar en sus proyectos de infraestructura de servicios públicos domiciliarios. Lo anterior quiere decir que para EPM los créditos son fundamentales para la expansión de la infraestructura, ingreso a nuevos negocios y la llegada a nuevos mercados. Así lo ha sido históricamente desde la década de los sesenta cuando la banca multilateral (BID, Banco Mundial y JBIC) apoyó la financiación de los grandes proyectos de inversión. Esa amistad, que se fue consolidando con los años, solo pudo ser posible gracias al rigor financiero de EPM, pues siempre ha estado al día en sus compromisos crediticios. A finales de la década de los noventa, de cara a su expansión, EPM tuvo su primera incursión en la emisión de bonos de deuda nacional, con un éxito asegurado gracias a que su reputación traspasaba las fronteras del departamento. Pero diez años después hubo que demostrarle a la banca multilateral que las finanzas de EPM seguían siendo sólidas, por lo que la empresa se aventuró a la emisión de bonos en deuda internacional. Tanto calificadoras de riesgo como la banca vieron ese movimiento con buenos ojos. Según expertos consultados por SINPRO: “La modalidad de emisión implicó la adaptación a las exigencias del mercado de capitales, el desarrollo de nuevas experticias y la conservación de la disciplina en el manejo del recurso financiero. Las emisiones traen a EPM el monitoreo de los prestamistas por medio de las sociedades calificadoras de valores o riesgo que tienen a su cargo la evaluación (debida diligencia) del desempeño del negocio, otorgan la calificación de riesgo para cada emisión y hacen seguimiento durante su vigencia. EPM ha vendido su marca en el mercado de deuda con calificación “grado de inversión” que significa bajo riesgo, menor tasa de interés y mayor apetito de prestamistas e inversores”. Las dos calificadoras La historia financiera de EPM ha estado marcada por el manejo riguroso y por un equipo de trabajo de la más alta categoría. Pero eso no es todo. Puede decirse que las finanzas son el motor con el que la empresa ha podido consolidar su crecimiento, pero que este fue resultado de un proceso de varios pasos: en sus inicios la empresa requirió del aval de la nación para conseguir créditos, luego se diversificó con la emisión de bonos nacionales e internacionales y se llegó a la necesidad de adoptar un Código de Buen Gobierno para mantener la confianza del mercado de capitales. En esta línea del tiempo surge un cuarto requisito y es la de tener mínimo dos calificaciones de riesgo, según exigencias del mercado internacional, que hoy en día están en cabeza de las firmas Moody´s y Fitch Ratings. Todo lo anterior sirve para afirmar que el buen manejo financiero de EPM tiene un marco histórico y no es fruto del trabajo de una administración, sino de la sumatoria del esfuerzo de sus empleados, de las exigencias del mercado de capitales y de los acreedores. Otro aspecto para destacar es que el gobierno corporativo de EPM es necesario para mantener tranquilos a los grupos de interés que interactúan con la organización, pues cualquier ataque a éste puede aumentar el riesgo crediticio de la empresa. Cabe recordar que, debido a lo ocurrido en Hidroituango, las calificadoras de riesgo bajaron la calificación de EPM (Moody´s calificó la deuda externa Baa3 con perspectiva negativa y Fitch calificó la deuda externa BBB con observación negativa). Adicionalmente, los sucesos de agosto de 2020 (renuncia de ocho miembros de la junta directiva de EPM) ocasionó que debido al frágil gobierno corporativo Moody´s mantuviera su calificación y Fitch la rebajó a BBB- con observación negativa.
Cuando de manejo de dinero se trata, la prudencia es el principal requisito. Por los compromisos adquiridos por EPM en estos momentos (finalizar Hidroituango, plan de inversiones de Afinia, crecimiento orgánico de EPM matriz) es necesario que tanto la junta directiva como la administración de la empresa tengan esa idea muy presente.
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La empresa no la tiene fácil en el mercado de la costa Atlántica. Su plan de inversiones para los próximos años debe mejorar la prestación del servicio y el recaudo.
Dos de los grandes retos que tiene EPM por delante son, sin lugar a duda, la culminación y puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Ituango y posicionarse como prestador del servicio de energía en la costa Atlántica, a través de la filial Afinia.
El inicio de los servicios en la región Caribe (Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y algunos municipios del Magdalena) se dio el 1 de octubre del año pasado, luego de que la empresa sopesara pros y contras de la inversión. Para nadie es secreto que llegar a ese mercado significa grandes inversiones en infraestructura para mejorar el servicio y una tarea nada fácil: inculcar la cultura del buen pago en una región que no la tiene. Todo esto es parte de un eterno círculo vicioso: como no hay buen servicio, la población no paga cumplidamente. EPM le apostará a cambiar ambos aspectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y, como objetivo natural de un negocio, obtener ingresos.
Desde que se concretó la transacción con Electricaribe (antiguo operador de la costa Atlántica) EPM se comprometió con una inversión por $8 billones, que se irán ejecutando a lo largo de los próximos ocho años. Para 2021 Afinia tiene previsto invertir $700.000 millones, según lo anunció la gerente Blanca Liliana Ruiz al indicar que el plan de inversiones apunta a cuatro ejes: fortalecer la gestión técnica, implementar estrategias comerciales flexibles, desarrollar el talento humano y construir relaciones de confianza.
Trabajando a pérdida
Mientras que las inversiones prometidas por Afinia avanzan a todo motor, no pasa lo mismo con el recaudo. Según las cifras presentadas por la gerencia, cada mes se deja de recaudar cerca de $35.000 millones, cifra que para marzo de este año fue de más de $40.000 millones (ver gráfica)
En octubre de 2020 el recaudo fue del 75% y en noviembre subió al 84%, lo que puede considerarse positivo, pero es evidente que el trabajo en esta área debe mejorar.
“A Afinia le falta acoger lo que ha hecho famosa a EPM en todas las latitudes y es el desarrollo de un plan basado en la gestión social”.
Según los analistas del sector eléctrico, Afinia inicia su vida institucional con un punto a favor y otro en contra.
A favor tiene el haber nacido en el seno de EPM matriz, donde se concibieron los primeros informes en los que se analizó la necesidad de crecer en el mercado colombiano, en lugar de considerar inversiones en el extranjero. De allí que se diga que al tener el ADN de EPM es posible asentar una cultura organizacional parecida en la naciente Afinia.
El punto en contra es la historia de los clientes con Electricaribe, un pasado difícil de olvidar, pues esa relación estuvo marcada por la deficiente prestación del servicio en términos de continuidad y confiabilidad. Por esto último es que la gerente menciona que uno de los focos del plan de inversiones tiene que ver con la generación de confianza, en especial cuando hay un aumento tarifario de por medio.
Pese a este propósito tan importante, a Afinia le falta acoger lo que ha hecho famosa a EPM en todas las latitudes y es el desarrollo de un plan basado en la gestión social. Los informes presentados en la página web de Afinia hacen énfasis en los estados financieros, pero no hay ninguna línea que indique que se está trabajando con y para la ciudadanía. La empresa está justo en la etapa en la que debe fidelizar a los clientes para mejorar su relación con ellos.
Por ser una inversión con una alta rentabilidad social, SINPRO apostó por el éxito de Afinia y así lo hizo saber en varios comunicados emitidos el año pasado. Los $314.080 millones que invirtió EPM matriz para ingresar al nuevo mercado son justificables en tanto que Afinia no requiera de nuevas capitalizaciones más allá de las propuestas por el plan de inversiones. Por lo tanto, es necesario que se cumplan con los objetivos de disminuir pérdidas y aumentar recaudo y evitar que el clientelismo y la politiquería hagan su incursión en esta empresa. Sobre este último aspecto esperamos que estén muy atentos tanto la ciudadanía como los organismos de control y el Concejo de Medellín.
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Una reforma a la medida de la realidad del país
Las decisiones del Contralor están conduciendo al resultado que consideraba indeseable hace dos años: el alza en el precio de la energía al consumidor final.
En febrero de 2019, en audiencia pública citada por la Procuraduría para evaluar la situación del proyecto Hidroituango como consecuencia de la contingencia de abril de 2018, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, manifestó lo siguiente: “La entrada tardía del proyecto Hidroituango podría afectar a la sociedad colombiana (…) se podría generar un costo mayor en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas para la gente en todo el país”. Y añadía el Contralor: “si hay responsables de malos manejos en Hidroituango, ellos pagarán por esos hechos, pero el proyecto debe seguir”.
No hay forma de que el proyecto siga si, con el embargo de sus cuentas, a los contratistas actuales se les priva de los recursos financieros para cumplir sus obligaciones, tanto si las cuentas embargadas son la del consorcio o las de las consorciadas individualmente consideradas. En el primer caso, el resultado sería evidentemente catastrófico; pero también en el segundo, pues la parálisis inevitable de sus otras actividades llevaría a las consorciadas a situaciones de iliquidez y eventual insolvencia que afectarían sin lugar a dudas la capacidad operativa del consorcio, provocando, eventualmente, la parálisis del proyecto.
Las decisiones del Contralor están ya conduciendo al resultado que consideraba indeseable hace dos años: el alza en el precio de la energía al consumidor final. El mero anuncio del embargo de las cuentas de Integral provocó ya el aumento de los precios de los contratos para entrega de energía en 2022, el cual pasó en un promedio de $/KWh 217 a cerca de $/KWh 230. Para el caso del mercado regulado, el que afecta a los consumidores residenciales, se estaba transando a $/KWh 229, precio que pasó en las convocatorias más recientes a $/KWh 237. Algunos analistas estiman que podría llegar a $/KWh 250.
“El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar”.
Además, las decisiones de la Contraloría ponen en riesgo la única fuente de pago cierta que permitiría recuperar los sobrecostos causados por la contingencia de abril de 2018: el sistema internacional de seguros y reaseguros.
El proyecto estaba muy bien asegurado, incluido el túnel que colapsó, y la aseguradora estaba dispuesta a pagar. El valor asegurado de la póliza todo riesgo para daños materiales asciende a US$ 2.557 millones y el del lucro cesante a US$ 629 millones. A una tasa de cambio 3.700 $/US$, esas sumas equivalen a COP 9,5 billones y COP 2,3 billones, aproximadamente. La primera cifra equivale a un 60% del costo del proyecto inicialmente estimado y a un 43% del que probablemente tendrá finalmente, incluidos los sobre costos generados por la contingencia. La segunda es poco más de dos veces el valor de la energía que se vendería en dos años de operación del proyecto.
El 2 de mayo de 2018 se dio aviso del siniestro a Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. El 16 de septiembre de 2019, Mapfre informó a EPM su decisión de otorgar cobertura bajo la póliza “Todo riesgo construcción y montaje”. Mapfre determinó que la causa de la contingencia estaba enmarcada dentro de la cobertura de dicha póliza que aplica a la reparación de la infraestructura, obras civiles, equipo y lucro cesante.
Al otorgar cobertura la aseguradora está reconociendo la ausencia de dolo o negligencia grave en la ocurrencia del siniestro. Por eso, cuando EPM demanda a sus contratistas por incompetentes o la Contraloría les imputa responsabilidad fiscal por culpa grave, están dando a la aseguradora argumentos para desistir de la cobertura ya reconocida.
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