En los últimos meses se ha debatido la conveniencia de que EPM vuelva a tener un gobierno corporativo sólido, que permita enviar un mensaje de tranquilidad a sus grupos de interés.
El concepto de gobierno corporativo llegó a Colombia con la apertura económica de los años noventa, con el objetivo de crear “un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas necesario para favorecer las inversiones a largo plazo, la estabilidad financiera y la integridad de los negocios”, según la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo para Empresas Competitivas, Productivas y Perdurables, editado por la Superintendencia de Sociedades, Confecámaras y la Cámara de Comercio de Bogotá.
La llegada de una nueva administración a Medellín implica el cambio de estilo en el manejo del conglomerado público, que incluye a EPM, pero generalmente los alcaldes han sido precavidos y han respetado la autonomía y reglas de gobierno corporativo de la empresa, evitando que los mercados y las calificadoras de riesgo reciban mensajes erróneos. Por ejemplo, Fitch Ratings bajó las calificaciones de EPM hasta BBB- y mantuvo su observación negativa, luego de la renuncia masiva de la junta directiva de EPM en agosto de 2020.
El Convenio Marco Municipio de Medellín – EPM, que hace parte del Modelo de Gobierno Corporativo de la empresa, estableció la dinámica de esas relaciones, la junta directiva, el presupuesto y las transferencias, entre otros, y sobre los “compromiso de transparencia frente a la comunidad” para a aplicación de los principios de transparencia, imparcialidad y objetividad en todos sus procesos contractuales y de selección del personal.
“El Convenio Marco Municipio de Medellín – EPM, que hace parte del Modelo de Gobierno Corporativo de la empresa, estableció la dinámica de esas relaciones”.
Hacer énfasis en el gobierno corporativo y la importancia del respeto de los gobernantes por la autonomía de EPM no son asuntos mínimos, puesto que en 16 meses el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, los ha pisoteado y se han constituido en parte de su discurso político donde sobresalen dos elementos: EPM estaba en quiebra y él llegó para rescatarla.
Al preguntarles a expertos sobre los más graves errores cometidos por la actual administración de Medellín contra el gobierno corporativo de EPM, el gerente de Sala de Juntas Consultores, Ricardo Mejía Cano, dice que: “desconocer la junta directiva que el alcalde ratificó cuando se posesionó y luego obligó a renunciar, y mentir sobre el currículo de Alejandro Calderón Chatet y la manera como fue seleccionado para la gerencia”.
Al haber elegido en reemplazo de Calderón Chatet a un miembro de la junta directiva de EPM, el alcalde nuevamente puso en riesgo la reputación de la empresa.
Cambios para los próximos gobiernos
Como representante del Municipio de Medellín y miembro de la junta de EPM (en ambos casos por máximo cuatro años), quien sea Alcalde de Medellín tiene grandes compromisos con la ciudad y, en especial, con el futuro de la empresa que le genera cerca del 25% de los recursos para poder cumplir con los programas de gobierno.
Como el actual alcalde no ha respetado las reglas de gobierno corporativo de EPM, cabría la posibilidad de que los próximos gobernantes se comprometan con unas reglas de juego básicas, en pro de la sostenibilidad de EPM. ¿Cuáles podrían ser esas nuevas reglas? Según Mejía “es urgente separar las funciones de dueño que debe ejercer el alcalde, las de direccionamiento de la junta y las ejecutivas de la gerencia. Desafortunadamente la Ley 142 de Servicios Públicos permite que el alcalde controle los tres órganos de gobierno”.
Sobre este tema, la directora del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC), Catalina Zea Muñoz, explicó que “reconociendo el riesgo de intereses particulares que pueden surgir de los cambios de gobierno, donde no sea necesariamente la sostenibilidad institución la que prime, sino intereses particulares de corte político, es necesario analizar los mecanismos regulatorios que permitan blindar el interés estratégico de largo plazo, asegurando procesos de selección de los miembros de la Junta y la Gerente bajo unos perfiles que obedezcan a estándares de conocimiento, experiencia y habilidades que aseguren contar con los perfiles adecuados para el rol que desempeñan, estableciendo que las dos elecciones no queden en manos de un solo actor”.
Zea agregó que se debe analizar, a la luz de los cambios regulatorios pertinentes, la posibilidad de blindar la estabilidad de la Junta, buscando equilibrio entre los cambios de sus miembros de manera escalonada para asegurar: i) mantener la historia de la empresa, ii) permitir rotaciones que renueven su diálogo, y iii) mitigar el riesgo de intervenciones políticas.
“Colombia ha avanzado en la eliminación de la participación de ministros en las juntas de empresas con participación del Estado, evitando conflicto de interés con su función”.
La selección de los administradores
Ricardo Mejía dijo que “para ingresar a la OCDE se aprobó el CONPES 3851 donde se indica que el Gobierno Nacional debe evitar involucrarse en las juntas y la gestión cotidiana de sus empresas; debe darles autonomía para ejercer sus funciones. En 2015 los 16 ministros participaban en la junta de alguna empresa estatal o mixta, hoy no hay ninguno, y se han ido retirando viceministros y funcionarios del gobierno para dar paso a profesionales independientes. ¿Por qué departamentos y municipios no siguen la misma regla? Porque a nivel local prima la politiquería sobre la buena administración”.
Mejía reiteró que lo más fácil sería regresar a lo que decían los estatutos de EPM en 1955: “La junta estará compuesta por el Alcalde de Medellín o el Secretario que él designe, quienes la presidirán, dos miembros de distinta filiación política elegidos por el Concejo de Medellín entre sus miembros, más cuatro nombrados por el Alcalde de ternas enviadas por el Banco de la República, los comerciantes, los bancos establecidos en Medellín y la Andi Medellín”, y “la dirección y administración estarán a cargo del Gerente General, de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva”.
La ética como principio fundamental
En su Código de Ética, el Grupo EPM se reconoce como sujeto ético con responsabilidades sociales y compromisos con valores como la transparencia, la calidez y la responsabilidad. Según la RAE, la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Desde la filosofía, la ética es una disciplina que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Socialmente a la ética se le relaciona con el buen comportamiento.
“Con un alcalde, una junta y un gerente de EPM sin valores ni principios, que mienten y con propósitos turbios, no hay Código de Buen Gobierno ni de Ética que pueda ser efectivo”.
Así como hay quejas por el irrespeto al gobierno corporativo de EPM, también las hay sobre el cumplimiento al Código de Ética del grupo EPM. Ricardo Mejía afirma que “con un alcalde, una junta y un gerente de EPM sin valores ni principios, que mienten y con propósitos turbios, no hay Código de Buen Gobierno ni de Ética que pueda ser efectivo”.
Para la directora del ICGC “el Código de Ética (de EPM) presenta de manera estructurada un conjunto de reglas que obedecen a los valores que fundamentan el actuar en la empresa; en él se establecen los principios y expectativas que gobiernan el comportamiento de los individuos y la organización, y que trascienden el compendio de normativas en un contexto en particular”.
Es importante que cada ciudadano sea un veedor del gobierno corporativo y del comportamiento ético de EPM. Es necesario que el ADN que la empresa tiene hace 66 años se conserve por su bien y el de Medellín.
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Una mirada desde la academia al significado de gobierno corporativo.
Hoy más que nunca, no sólo por las “nuevas” condiciones de la “nueva” normalidad; no sólo por la necesaria y permanente reflexión sobre el liderazgo, los retos adaptativos, las formas de crear y destruir valor desde las organizaciones, la realidad de la transición generacional; sino especialmente por las grandes dificultades que pasan empresas emblemáticas como EPM, es urgente abordar la reflexión sobre el papel clave que cumple el Buen Gobierno Corporativo en los nuevos paradigmas de creación de valor en las organizaciones.
Para ello podría ser iluminador el pensamiento de grandes líderes como el profesor Rajeev Peshawaria que ha dedicado su vida a la reflexión del Gobierno Corporativo y actualmente es el Director del ICLIF, una institución con vocación global y que desde inicios de siglo ha promovido la importancia del cuidado extremo sobre el Gobierno Corporativo para el logro de los objetivos de las empresas y la creación (o al menos no destrucción) de valor en los resultados económicos, sociales y ambientales.
Peshawaria apunta a elementos claves en el buen gobierno corporativo y que pueden ser elementos de evaluación en la actual coyuntura, para todo tipo de organizaciones, especialmente aquellas que representan un patrimonio cultural y un referente moral para el país, como EPM: Liderazgo, coaching, estrategia, cultura y diseño organizacional.
Las reflexiones de Peshawaria sumadas a las experiencias como miembro de juntas directivas en organizaciones públicas y privadas, me permiten compartir con los lectores, cuatro claves de gobierno corporativo, en un momento tan delicado para país y para la querida EPM, en el que las acciones de gobierno corporativo determinarán la supervivencia misma de nuestro sistema: 1) Unidad en medio de la diversidad, 2) eficiencia en la información y en el control, 3) independencia y seguridad, y 4) inteligencia emocional.
Unidad en medio de la diversidad
Es difícil encontrar un tiempo en que se haya progresado más en la necesidad de inclusión y reconocimiento de la diversidad como fuerza creadora de valor, que el presente. Según Sophia Kerby líder de la plataforma por el Progreso 2050 de EEUU: “Las empresas que adoptan la diversidad tienen una base más sólida en el mercado que otras“. No es entonces un tema de buenas intenciones o de buena reputación corporativa, es un tema incrustado en el centro de las apuestas de competitividad y sostenibilidad de las organizaciones.
En esta misma lógica, una junta directiva más diversa combina miembros de diferentes orígenes y experiencias que juntos desarrollan un modelo y unos hábitos de gobierno creativos, innovadores y productivos, para enfrentar con mayor asertividad los complejos retos de la sociedad actual.
Posiciones como ésta generan grandes retos adaptativos y culturales en las organizaciones y, por lo tanto, profundas resistencias de los equipos humanos, pues requiere un cambio de fondo en la forma en como hemos comprendido tradicionalmente el funcionamiento de las decisiones y las relaciones de poder en nuestras empresas. Supone superar esa idea perversa de que el liderazgo recae sólo en la parte superior de la organización y entender que un modelo de unidad en medio de la diversidad es capaz de crear más valor económico, social y ambiental. La diversidad en la selección de las juntas directivas no puede ser solamente una “pose” o una bonita intención retórica, debe corresponder a una seria y pertinente apuesta del modelo de gobierno.
En medio de la 4ª revolución industrial, el avance de las tecnologías de información y comunicaciones, la disponibilidad infinitiva de datos y su almacenamiento (big data), la seguridad y trazabilidad en las transacciones (blockchain), la digitalización y plataformas de información (internet de las cosas), o incluso la inteligencia artificial y el “aprendizaje” de las maquinas (machine learning), no es comprensible o incluso aceptable que organizaciones modélicas en mercados como el colombiano, no cuenten con sistemas de información y de control útiles y pertinentes, con disponibilidad en tiempo real y totalmente confiables. Algunos de los grandes y complejos problemas que ha enfrentado la empresa en el último tiempo tiene que ver precisamente con la calidad y control de la información, por eso es necesario actuar de manera preventiva, evitando caer en comportamientos reactivos cuando ya se han materializado los riesgos asociados a la operación y al gobierno corporativo, incorporando no sólo una perspectiva financiera sino una visión integral y aprovechando con urgencia las bondades de las tecnologías para el logro de este objetivo. Independencia y seguridad No es una idea romántica afirmar que los miembros de los órganos de gobierno corporativo son los actores más importantes en la responsabilidad de la toma de decisiones estratégicas claves para la organización. Por esta misma razón, estos miembros están sometidos a diversos factores: diferencias en los criterios relacionados con el interés general de la empresa, riesgos integrales en la toma de decisiones, representación de las expectativas de grupos de interés específicos, cuidado y preservación de los equilibrios legítimos de poder, el impacto de corto, mediano y largo plazo de las decisiones en el devenir de la organización, y lo que es aún peor, en algunas ocasiones incluso presiones indebidas, amenazas, manipulaciones de información, intereses políticos o ideológicos, entre muchas otras realidades. No es suficiente en esta época ni siquiera tener sendos protocolos de independencia y seguridad de los órganos de gobierno y sus miembros, no pueden quedarse en letra muerta o en los reglamentos y manuales, debe ser un ejercicio vivo y permanente de comportamiento y cultura de la organización, evitando cruzar las líneas a veces delgadas entre la administración, la gestión y el gobierno que tanto daño ha hecho a nuestras organizaciones. Empresas ejemplares para la sociedad y para el país no pueden darse el lujo de caer en la tentación de abuso de poder por parte de la gerencia, de gestión irregular de los conflictos de interés, de manipulación en las decisiones o en las reflexiones de la junta. El daño y la destrucción de valor de este tipo de comportamientos en organizaciones admiradas y queridas por la sociedad supera ampliamente el propio ámbito de acción de la organización y alcanza el ámbito de deterioro en la confianza y en el capital social de toda la sociedad en su conjunto. Inteligencia emocional Basado en la aproximación del profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard sobre la existencia de múltiples inteligencias humanas: lingüístico-verbal, lógico-matemática, viso-espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista, uno de sus discípulos, Daniel Goleman, desarrolló el concepto de inteligencia emocional como aquella competencia social que los humanos tenemos para controlar, entender, sentir, modificar el estado de ánimo en una relación humana. Como lo define Goleman, permite a las personas tomar conciencia de sus emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar la capacidad de trabajo en equipo, adoptar una actitud empática para el mejor desarrollo personal, participar, deliberar y convivir en ambientes armónicos, lo que resulta especialmente relevante en una coyuntura como la que vivimos. Desde esta óptica es, en definitiva, el comportamiento de los equipos, los hábitos predominantes de las acciones y decisiones de gobierno corporativo como un reflejo de la cultura organizacional, la principal fuente de creación (o de destrucción) de valor en una nueva lógica de competitividad de las organizaciones y las sociedades. ------------------------- Estas cuatro claves de buen gobierno corporativo nos ayudan a entender la realidad actual en la que se ha modificado la vieja creencia de que la competitividad depende únicamente de la diferenciación de precios o de atributos de los productos en diversos entornos competitivos, a una realidad que entiende hoy que la fuente principal de la ventaja competitiva sostenible es el comportamiento organizacional, la creación y fortalecimiento de relaciones de confianza con sus grupos de interés y una actitud permanente de transparencia, rendición de cuentas y confiabilidad de la información.
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Una reforma a la medida de la realidad del país
A propósito del reciente acuerdo para la nueva vigencia de la convención firmada con EPM, conozca aspectos de esta herramienta de aporte al bienestar de los trabajadores.
De las cerca de 20 millones de personas que según la Dian se encuentran activas laboralmente en el país, sólo 1,4 millones de ellas están afiliadas a una organización sindical, de acuerdo con el censo sindical publicado en 2018 por el Ministerio de Trabajo.
El derecho de asociación sindical, consagrado en el artículo 55 de la Constitución, es inherente al derecho de negociación sindical, ejercicio que permite cumplir con la misión de defender y representar a los trabajadores y posibilita establecer las condiciones de las relaciones laborales y firmar convenciones colectivas de trabajo, afirma el vicepresidente nacional de la CGT, Jorge Iván Díez, quien hizo parte del equipo negociador de SINPRO con EPM en la reciente negociación.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas, empleadores, dirigentes sindicales y expertos en materia laboral, las convenciones colectivas son una herramienta de aporte a la calidad de vida laboral y familiar de los trabajadores, y contribuyen a su vez al mejoramiento de la productividad y del clima laboral.
El objetivo de la negociación colectiva es establecer un convenio colectivo en el que se regulen las condiciones de empleo de un determinado grupo de trabajadores. Ese convenio es resultado directo de un proceso de negociación entre representantes de la empresa y de los trabajadores afiliados al sindicato, que se repite cada determinado tiempo, conforme a la vigencia, en el reciente caso de SINPRO y EPM, de cuatro años, hasta 2024.
Proceso de negociación
El artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo establece las etapas de la negociación colectiva.
Lo primero es la construcción del pliego de peticiones, que debe ser aprobado por la asamblea de delegados del sindicato y que constituye solicitudes sobre las condiciones de trabajo y beneficios contemplados en la convención. En el reciente caso de SINPRO, el pliego se hizo luego del análisis de la convención vigente, la normatividad y los aportes de los afiliados, en coherencia con la filosofía del sindicato y las realidades laborales, sociales, institucionales y económicas.
“Las convenciones colectivas son una herramienta de aporte a la calidad de vida laboral y familiar de los trabajadores, y contribuyen a su vez al mejoramiento de la productividad y del clima laboral”.
Surtido este proceso se realiza la denuncia de la convención, un trámite ante el Ministerio del Trabajo donde se manifiesta, dentro de los 60 días anteriores a la culminación de la vigencia de la convención, los puntos de ésta que se pretenden negociar. Posteriormente y ante de culminar la vigencia de la convención, el sindicato presenta al empleador el pliego de peticiones, con lo que se inicia el llamado conflicto laboral colectivo entre las partes.
Instalada la mesa de negociaciones con los representantes designados por la empresa y el sindicato, inicia la etapa de arreglo directo, con una duración de hasta 20 días calendario, que por acuerdo de las partes se puede prorrogar hasta por otros 20 días. Mientras dure el conflicto laboral colectivo, continúa vigente la convención actual y los afiliados al sindicato quedan cobijados por el denominado fuero circunstancial, una figura legal que los protege de posibles despidos sin justa causa.
Al llegarse a un acuerdo, las partes firman un acta de cierre de la negociación en la que se consignan todos los puntos de éste, los cuales se incluyen en el texto completo de la convención colectiva de trabajo para su nueva vigencia.
En caso de no darse un acuerdo en la etapa de arreglo directo, el paso siguiente es la solicitud de una de las partes, o de ambas, al Ministerio del Trabajo, para que convoque a un tribunal de arbitramento, que finalmente decidirá, mediante laudo arbitral, sobre los puntos contemplados en el pliego de peticiones. Los árbitros, registrados ante el Ministerio del Trabajo, son designados así: uno por el sindicato, uno por el empleador y un tercero por parte del Ministerio.
“Los convenios colectivos también pueden abordar los derechos y responsabilidades de las partes, reducir la desigualdad y ampliar la protección laboral”.
Pliego de ofrecimientos
Históricamente SINPRO también presenta a las empresas pliegos de ofrecimientos con el fin de aportar a su fortalecimiento (Ver recuadro).
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Convención Colectiva SINPRO- UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
Afinia, la apuesta riesgosa de EPM
Qué son y cuál es el papel de las veedurías ciudadanas. La mirada de Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín.
“La soberanía reside en el pueblo, y, por lo tanto, la ciudadanía, sin discriminación alguna, reconociendo y valorando la diversidad, debe tomar decisiones frente a su desarrollo a través de los procesos electorales y de su participación en la gestión pública”, Departamento Nacional de Planeación.
Por Piedad Patricia Restrepo, vocera Veeduría Todos por Medellín
Los gobernantes no son omniscientes, omnipresentes, ni omnipotentes. Los gobernantes son seres humanos con defectos y virtudes, con intereses particulares e intereses colectivos. En las democracias los pesos y los contrapesos son fundamentales para dar cuenta de los diversos intereses que pueden emerger a la hora de administrar lo público.
En nuestra Constitución de 1991, Colombia pasó de ser una democracia representativa a una democracia participativa, donde los ciudadanos tienen un papel relevante a la hora de velar porque los gestores públicos hagan bien su labor, en esencia para que trabajen a favor de los fines últimos del Estado.
Más allá del voto, entendido como un derecho, pero también como un deber, los ciudadanos estamos llamados a participar de la vida pública, para hacer los debidos contrapesos a nuestros gobernantes. Esto es, nuestro voto no puede interpretarse como un cheque en blanco para ninguno de los elegidos, nuestro voto es la cuota inicial de confianza en torno a las propuestas plasmadas en el programa de gobierno de nuestro candidato.
Una vez los gobernantes son elegidos, es fundamental participar activamente en los espacios que otorga la Constitución a todos los ciudadanos. Uno de esos espacios de participación son las veedurías.
“Más allá del voto, entendido como un derecho, pero también como un deber, los ciudadanos estamos llamados a participar de la vida pública, para hacer los debidos contrapesos a nuestros gobernantes”.
El artículo 270 de la Constitución permite crear veedurías ciudadanas para la vigilancia y fiscalización de la gestión pública mediante espacios que permitan a las entidades y organizaciones de la sociedad civil ejercer ese seguimiento de manera autónoma e independiente mediante mecanismos democráticos y con carácter preventivo y propositivo.
Todos por Medellín nace en agosto de 2020 como una asociación que busca fomentar la participación ciudadana a través de la conformación, entre otros, de las veedurías al conglomerado público de la Alcaldía de Medellín y a Empresas Públicas de Medellín como parte esencial de ese conglomerado.
“Se cierne una nube de intervención política sobre EPM, símbolo de confianza y eficiencia y fuente de una importante parte de nuestra inversión social”.
Desde el Manifiesto que logró convocar en su origen a 38 organizaciones y personas, están cimentados los principios con los cuales trabajamos. En él expresamos que: “en estos momentos, Medellín está sacudida por una crisis política e institucional que amenaza con hacerla retroceder y arrebatarle sus más queridos valores. Se cierne una nube de intervención política sobre EPM, símbolo de confianza y eficiencia y fuente de una importante parte de nuestra inversión social. Se distancian, además, los actores sociales, debido a un irrespeto de las reglas de juego y de los pactos sociales construidos por décadas.
Lo público es mucho más que lo estatal y, en tanto de todos, debe ser administrado colectivamente. En eso consiste la gobernanza, en reconocer la necesidad de la participación ciudadana, la coordinación entre las instituciones y sociedad civil en la orientación de los asuntos que nos atañen, nos interesan y son fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro.
En Todos por Medellín reconocemos que la ciudad no puede perder lo avanzado, debe recoger lo mejor de su pasado, construir sobre lo construido, aprender sus lecciones y continuar avanzando con su proyecto de desarrollo. Medellín es de todos y todas”.
Por último, nuestro trabajo se hace de cara a la ciudadanía, con rigor, basada en hechos, datos e información confiable, y siempre en el marco de un relacionamiento basado en el respeto con los distintos grupos de interés, incluyendo a las administraciones y los gobernantes. Los invito a conocer nuestros primeros resultados en nuestra página web www.todospormedellin.org.
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Desde el inicio de la pandemia, EPM dejó claro que tiene dos prioridades: la primera es proteger la salud de los servidores y la segunda, mantener la prestación de sus servicios y la continuidad de sus negocios.
Definida las metas, la empresa creó un Puesto de Mando Unificado (PMU) con representación de toda la estructura corporativa, para orientar la toma de decisiones y procurar los mecanismos internos que faciliten la respuesta inmediata a los retos que todos los días plantea esta emergencia sanitaria.
Este PMU funciona también como un faro, como un rayo que arroja luz sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo, con el fin de comprender las complejidades de esta pandemia, y recomendar las estrategias y acciones que deben implementarse para reducir el riesgo y mitigar las consecuencias.
El combustible de ese faro es el Cuestionario de Salud Física y Mental que los servidores de EPM diligencian todos los días. Las respuestas que allí se ofrecen son procesadas en tiempo real por un centro de análisis de información, operado por siete profesionales informáticos de la Dirección de Soluciones de TI.
En esta Dirección se operan 38 tableros digitales que se actualizan cada dos horas y se entregan al nivel directivo de EPM con información cuantitativa y predictiva sobre el comportamiento de la COVID-19 en la empresa.
Del dato simple a la analítica avanzada
Cuando un servidor da clic al botón de consentimiento informado para compartir la información sobre su estado de salud física y mental, esta es recibida por un conjunto de equipos de cómputo con capacidad para alojar grandes volúmenes de datos.
Cada respuesta brindada a través del Cuestionario de Salud Física y Mental es analizada por plataformas o programas especializados en procesar, cruzar, cuantificar, modelar y visualizar los datos, ya sea de manera cuantitativa o en forma de análisis.
La primera plataforma se llama Qlik Sense y se encarga de integrar la información de los servidores con aquella que proviene de los sistemas de ONE WORLD y del aplicativo de gestión de empleados de las centrales.
Este proceso permite que EPM pueda saber quiénes presentan síntomas de COVID-19, en que dependencias y sedes laboran; quiénes se encuentran en condición de aislamiento o reportan altos niveles de estrés. Qlik Sense también procesa la información que el personal del Proyecto Hidroeléctrico Ituango reporta mediante la Encuesta de Ingreso, con el fin de que el personal de salud del Proyecto pueda contar con datos confiables que le guíen en su decisión de permitir o no que alguien ingrese a las instalaciones de los campamentos o de obra.
Con la plataforma Servihuella, EPM cruza la información de sus funcionarios con la ubicación geográfica de los casos de contagio que el Departamento de Antioquia ha identificado. De esta manera es posible estimar el riesgo de infección que los servidores de EPM pueden correr dependiendo del municipio o zona donde se encuentren.
Python y R, son los dos últimos procesos de inteligencia artificial que entran en acción para transformar la información descriptiva en modelos predictivos. Es en este punto donde EPM puede estimar la probabilidad de contagio de cada uno de sus servidores y calcular dónde pueden darse los focos de infección.
Desde estas dos plataformas la luz del faro se extiende más allá del hoy para ver entre la niebla y predecir, con gran certeza, cómo evolucionará la COVID-19, cuál será su tendencia y cómo nos impactará dicho comportamiento.
Con esta información el PMU y el nivel directivo de EPM pueden establecer si es necesario robustecer los protocolos de bioseguridad, restringir el ingreso a las sedes, adoptar medidas especiales para proteger la salud física y mental de los colaboradores y definir qué acciones se deben tomar de manera preventiva y reactiva para mantener las operaciones de la empresa.
Mañana, antes de iniciar tu jornada laboral recuerda darle clic al Cuestionario de Salud Física y Mental. Ese clic es el botón de encendido de todo este proceso, es el combustible del faro que guía a EPM en estos tiempos de COVID-19.
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