Con el Decreto 1951 de 2017, el Ministerio de Hacienda modificó el Decreto 1625/2016, estableció quienes están obligados a declarar renta y fijó el calendario tributario 2018.
¿Quiénes están obligados a declarar renta?
Si es persona natural y cumple al menos una de estas condiciones:
· - Si sus ingresos brutos en 2017 superaron los $44´603.000
· - Si sus consumos mediante tarjeta de crédito en 2017 fueron superiores a $44´603.000
· - Si el valor total de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en 2017 superaron los $44´603.000
· - Si su patrimonio bruto al término de 2017 fue superior a $143.366.000
Presentar la Declaración de Renta no implica necesariamente que se deba pagar el impuesto de renta o la totalidad del mismo, ya que existen formas de optimizarlo, entre ellas: el pago de medicina prepagada, al tener dependientes económicos, el pago de intereses de créditos de vivienda y aportes a cuentas AFC o pensiones voluntarias.
¿Qué cambia con respecto al año anterior?
· - Gravamen a los dividendos con tarifas del 5% y del 10%
· - Las exenciones y deducciones se limitaron a 40% del ingreso total. Esta limitación no afecta aportes obligatorios a salud y pensión.
· - Se eliminaron los sistemas IMAN e IMAS
· Se creó el Sistema Cedular, a través del cual se determina una base gravable y una tarifa del impuesto sobre la renta, dependiendo del tipo, aplicando a cada una, tarifas y depuración de rentas diferentes: Laborales, de Capital, no Laborales, de Pensiones y Dividendos y Participaciones.
Servicio de Declaración de Renta con SINPRO
A través de un grupo de contadores expertos en materia tributaria, desde hace cinco años prestamos a nuestros afiliados el servicio de elaboración de Declaración de Renta, que para 2018 tiene una tarifa de $120.000y de $10.000 adicionales por cada cedulación (A quienes tienen ahorros en el FEPEP no se les cobra la tarifa adicional para este tipo de cedulación).
Haga clic sobre el que desee escoger y diligencie el Formato de Solicitud
La documentación requerida para su Declaración de Renta, debe entregarse al asesor con al menos con 15 días de antelación a la fecha de vencimiento.
Entre transferencias, regalías e impuestos, EPM ha aportado a Medellín, Antioquia y Colombia más de 16 billones de pesos en la última década.
Existe la idea de que las entidades de carácter público son menos eficientes y más lentas en su actuar que las privadas y es probable que esa percepción de los colombianos no sea del todo equivocada. Por fortuna para Medellín y para Antioquia, con el ejemplo de EPM, hasta ahora se ha demostrado todo lo contrario, desde cuando en 1955 el entonces Alcalde de Medellín, Darío Londoño Villa, tomó una de las decisiones más importantes y trascendentales de la historia de la ciudad, crear las Empresas Públicas de Medellín, como ente autónomo, albergando a los mejores ingenieros de esa época y sobre la base de tres pilares fundamentales: rigor técnico, rigor jurídico y rigor financiero.
Desde ese mismo momento, pero especialmente en las últimas tres décadas, gran parte del progreso de Medellín ha estado ligado a la eficiencia, a la creatividad, a la cobertura, al sentido social y, en resumen, al buen trabajo desarrollado por su empresa insignia: EPM.
Ha sido una característica de la Empresa, la capacidad técnica en todos sus niveles, que ha derivado en la planificación y puesta en marcha de cada vez más y mejores servicios en energía, acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones y gas; y más allá de su objeto social, aportando al desarrollo y a la inversión social en la ciudad, a través de las transferencias que le hace cada año al Municipio de Medellín; a los municipios ubicados en zonas de influencia de sus diferentes proyectos, a través del pago de regalías; y a la Nación, vía impuestos.
Entre transferencias, regalías e impuestos, EPM ha aportado a Medellín, Antioquia y Colombia más de 16 billones de pesos en la última década, lo que deja en claro que EPM es motor de desarrollo local, regional y nacional.
EPM es patrimonio 100 por ciento público, genera recursos y utilidades para beneficio de todos, pues se hace inversión social traducida en infraestructura, obras y programas sociales en educación, salud, vivienda, seguridad, movilidad y espacios recreativos, entre otros; lo que se traduce en calidad de vida para los habitantes de Medellín, una ciudad muy desigual, que tiene a más de 500 mil habitantes por debajo de la línea de pobreza.
A los alcaldes de Medellín les ha quedado más fácil administrar la ciudad con los recursos que le transfiere EPM al Municipio, puesto que en algunos casos estos recursos constituyen entre el 20 y el 25 por ciento del presupuesto total de la administración municipal. Por eso se hace necesario que los planes de desarrollo de la ciudad deban estar ajustados a la realidad financiera tanto del Municipio como de EPM, que también necesita los recursos suficientes para ampliar la cobertura de sus servicios y abrirse a nuevos mercados. Desde el año 2007 se volvió costumbre de los alcaldes solicitar transferencias adicionales de EPM para cubrir las urgencias de sus planes de desarrollo, sin pensar en lo perjudicial que puede resultar para la propia sostenibilidad de la Empresa.
Resulta entonces fundamental, unirnos todos los ciudadanos para defender y fortalecer a EPM, como una entidad 100 por ciento pública, que siga perteneciendo en su totalidad a los medellinenses, pero que le siga generando bienestar y progreso a millones de familias en la ciudad, en Antioquia y en todo el país. La prioridad colectiva debe ser legitimar lo público y por esa vía buscar una ciudad más equitativa, cooperativa, solidaria y con sentido de pertenencia.
El hombre, por naturaleza, es un ser político, entendido no como perteneciente a un partido sino como parte de la sociedad y preocupado por ella. Por eso la participación en democracia debe ser entendida como un derecho y como un deber. Preocuparse y defender lo público también debe verse de la misma forma: es un derecho disfrutar de lo público, pero también es un deber defenderlo cuando hayan amenazas sobre él.
Nuestro propósito como organización sindical responsable es, entre otros, el de defender el patrimonio público representado en EPM y en las empresas del Grupo EPM. Ya sufrimos la desazón de ver como se entregó una parte de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Eso, de ninguna manera podemos permitir que pase con EPM.
No es solo a Medellín a quien EPM transfiere dinero. Los recursos que traslada a varios municipios y los impuestos que paga a la Nación son motores para la economía.
El Acuerdo 58 de 1955, que dio vida a las Empresas Públicas de Medellín, especifica que el Municipio de Medellín creó un ente autónomo con los bienes que conformaban a las Empresas de energía eléctrica, teléfonos, acueducto y alcantarillado. Ese fue el primer y único aporte del Municipio a lo que hoy conocemos como Grupo EPM, en una muy buena decisión, que con el tiempo se fue moldeando hasta convertirse en un gran conglomerado 100 por ciento público, con un patrimonio superior a los 20 billones de pesos.
Ese mismo Acuerdo estableció las reglas de juego de EPM en relación con la operación y ampliación del sistema, el nombramiento de cargos como el del Gerente y de los miembros de la Junta Directiva, y especialmente un tema que aún subsiste: el traslado de aportes de EPM al Municipio de Medellín, único propietario de la Empresa.
Dice el Acuerdo 58 de 1955 en su Artículo 7° que: “las Empresas Públicas de Medellín en cada uno de los dos primeros años de funcionamiento pagará al Municipio de Medellín en concepto de aporte para atender a la satisfacción de necesidades colectivas esenciales, la misma cantidad señalada para el periodo fiscal de 1955, o sea la suma de $1.030.000”, entendiendo “necesidades colectivas esenciales” como la inversión social que debe realizar la Alcaldía, de manera que pueda mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Ese artículo, que sigue vigente, fue reglamentado así: “el Concejo de Medellín dispuso que el porcentaje de excedentes financieros de EPM que se transfirieran al Municipio de manera ordinaria fueran equivalentes al 30% de los mismos…”, sobre la base de las utilidades netas. Posteriormente se dispuso la existencia de excedentes ordinarios, extraordinarios y adicionales, que 63 años después se mantienen.
EPM sigue transfiriendo un importante porcentaje de sus utilidades al Municipio para ser destinado a inversión social en la ciudad y sus corregimientos. Ese compromiso fue ratificado a través del Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín – Empresas Públicas de Medellín, suscrito en 2007 por el exalcalde Sergio Fajardo y el exgerente Juan Felipe Gaviria, respectivamente.
Dice el convenio que “…los requerimientos de transferencias financieras de EPM al Municipio se deben armonizar con las proyecciones financieras de la entidad, de modo que se atiendan los requerimientos del dueño, sin atentar contra la viabilidad, la solvencia y la solidez financiera de EPM, así como tampoco contra las proyecciones de la Empresa”.
Por su parte, el Acuerdo 69 de 1997 dispone que el porcentaje de excedentes financieros de EPM a transferir al Municipio no puede ser superior al 30%, pero el Convenio Marco señala que “…podrá haber transferencias adicionales, definidas y acordadas entre ambas entidades, considerando, por un lado, los requerimientos financieros del Municipio para programas específicos de inversión…”.
Fue justo en 2007, año de la firma del Convenio Marco, cuando se comenzaron a realizar transferencias extraordinarias y adicionales al Municipio, por solicitud de los alcaldes de Medellín de cada época, Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez. Cada uno de ellos argumentó, en su momento, la necesidad de recurrir a más recursos de EPM, según las exigencias de sus Planes de Desarrollo. No puede olvidarse que Aníbal Gaviria lideró la venta de la mitad de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para su proyecto Parques del Río Medellín, una decisión aún muy cuestionada y que causa lamentos entre quienes consideran que UNE, como EPM, debía seguir siendo 100 por ciento pública.
Más que históricas
Este año, producto del ejercicio financiero de 2017, las transferencias de EPM al Municipio de Medellín, las más altas en la historia, se proyectaron en 1,2 billones de pesos, equivalente al 55% de las utilidades. Adicionalmente, al Municipio se destinaron el año anterior, 300 mil millones de pesos de la venta de la participación de EPM en Isagén.
Esas cifras son tan significativas como los cerca de 4,7 billones de pesos transferidos por EPM al Municipio en los últimos cinco años o los 8,4 billones transferidos en los últimos 10 años, que es equivalente a aproximadamente el 75% del valor total presupuestado para la construcción de la central hidroeléctrica Ituango.
¿A dónde van las transferencias?
Los recursos que vía transferencias entrega EPM se integran al presupuesto del Municipio, los cuales, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda, se destinan a gran parte de las actividades de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Medellín.
La Secretaría de Cultura Ciudadana en el año 2017 utilizó recursos transferidos por EPM en el programa Cerros tutelares y en planes de inclusión y diversidad étnica, lectura y fomento a empresas culturales, entre otros. La de Gobierno en los planes Desarme y Delinquir no paga; la de Servicios Administrativos en el Plan de Potenciación del talento humano; la de Movilidad en semaforización; la Privada en comunicación organizacional; la de Comunicaciones en estrategias de comunicación y divulgación y la Subsecretaría de Servicios Públicos en los programas de alumbrado público, mantenimiento de la estratificación, censo catastral y Mínimo Vital de Agua Potable, entre otros. Todos esos planes y programas están contemplados como inversión social.
La importancia de EPM 100% pública
Si EPM no existiera o no transfiriera recursos, es claro que la realidad de Medellín sería muy distinta, puesto que las transferencias anuales equivalen aproximadamente al 20 por ciento del presupuesto del Municipio. La calidad y la cobertura de los servicios que presta; su aporte social permanente; los recursos y la calidad de vida que genera a Medellín, a Antioquia y a Colombia; la capacidad y compromiso social de su talento humano; entre otros, son argumentos suficientes para defender por siempre a EPM como modelo nacional e internacional de eficiencia como empresa 100 por ciento pública.
Es momento de defender mucho más a EPM 100% pública. Las nuevas generaciones de medellinenses y antioqueños han crecido con la presencia permanente de EPM y no tienen consciencia real de su relevancia en el crecimiento organizado y sostenido de una ciudad como Medellín y de sus aportes al departamento y al país.
Es necesario que el Municipio mantenga pública a EPM, pero también que sea consciente de que el traslado de excedentes financieros no es ilimitado, pues situaciones como la contingencia presentada en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, llevan a pensar que los resultados financieros de 2018 y 2019 van a ser inferiores a los de los últimos años, por lo que el Municipio debe repensar sus planes en el corto plazo y la próxima administración deberá abrocharse el cinturón.
Los otros beneficiados
Además de lo que transfiere cada año a Medellín, durante 2017 EPM transfirió 62.000 millones de pesos a 52 municipios y tres corporaciones autónomas, mientras que en los últimos cinco años el pago de impuestos a la Nación ha oscilado entre 800 mil y 950 mil millones de pesos, siendo el segundo mayor contribuyente después de Ecopetrol.
Los municipios deben invertir esos recursos en proyectos de saneamiento básico, tratamiento de aguas residuales y disposición de residuos sólidos, entre otros; las corporaciones autónomas, por su parte, deben destinarlos a programas de protección del medio ambiente.
Tratar de blindar a EPM de la politiquería y las ganas del GEA y de otros grupos económicos y políticos por privatizarla.
El desastre de Hidroituango constituye el punto de quiebre para repensar a EPM desde una nueva realidad. En manos de comunidad, academia, sindicatos, recurso humano interno y usuarios, reposa la difícil tarea de conservar para todos este incomparable patrimonio público, amenazado por tantos oportunismos políticos e intereses privados. Un reto formidable debería ser convertirla en EMPRESAS PÚBLICAS DE ANTIOQUIA, con todas sus implicaciones y consecuencias. Es en este objetivo que debería centrar su esfuerzo el señor gobernador en vez de estar rumiando su resentimiento de vieja data con la entidad.
Por supuesto el reto inmediato es concluir con éxito el proyecto. Éxito medido en obras de ingeniería pero sobre todo en términos de calidad de vida de la comunidad impactada. Sus modos de vida, sus fuentes de trabajo y sustento, su integridad familiar y afectiva son elementos tanto o más relevantes que la culminación de las obras.
Es necesario un replanteamiento profundo de las inversiones en el exterior. No más aventuras empresariales por cuenta de la abundancia de recursos derivados de un pobre enfoque gerencial que considera las utilidades un objetivo y no consecuencia de una gestión socialmente responsable. EPM tiene la obligación de cumplir su misión con tarifas que permitan rendimientos financieros al dueño institucional pero también prestar servicios públicos de calidad a los dueños reales, como en efecto lo hace, pero a unos costos más accesibles. Si hacen falta recursos para enfrentar la contingencia ahí están esas inversiones innecesarias o mal negociadas con el embeleco de “EPM sin fronteras”. La empresa existe para ser útil y no para ser importante.
La comunidad exige retomar UNE antes que MILLICOM la destruya completamente. Su mala gestión, la pésima calidad de los servicios que presta, el irrespeto a su recurso humano, el nulo compromiso con la institucionalidad, la burla a una comunidad que no ha recibido ni recibirá beneficios de cuenta de una propiedad pública mayoritaria en semejante disparate empresarial, exigen atención inmediata.
Millicom va a exprimir a UNE antes de intentar venderla a un tercero. Ese será el próximo paso de esa joya de socio escogido a dedo por la administración Gaviria y once concejales. Cuanta faltan hacen en este difícil momento los 1.4 billones que debió haber recibido EPM de cuenta del negocio, recursos que nunca salieron realmente del bolsillo de MILLICOM.
Hay que recuperar en el imaginario colectivo la confianza que generaba el nombre EPM. Evidentemente su credibilidad ha sido menguada, no solo por HIDROITUANGO sino, sobre todo, por un preocupante y progresivo alejamiento de la comunidad. Este llamado de atención de la naturaleza es una oportunidad para retomar una conciencia social venida a menos, opacada por el brillo de las utilidades, y una invitación para otorgar al compromiso social la misma jerarquía que concede a la gestión financiera.
Irresponsable el señor gobernador cuando acusa a EPM de jugar “gallina ciega” con el proyecto y despreocuparse de la vida y el sufrimiento de la gente. Si así lo cree, su obligación ética es denunciarlo judicialmente puesto que esas actitudes constituyen un delito. O cuando se queja del desorden que él mismo produce al calificar como “melcocha” el prudente manejo informativo dado al caso. Deja mucho que desear un gobernante que utiliza caminos tan mezquinos para hacer oír su voz como dueño mayoritario de Hidroituango.
Si ha habido corrupción necesariamente se va a conocer y quiénes hayan delinquido tendrán que responder penalmente. Esa cultura EPM tan arraigada no se puede haber perdido. Tanta gente buena, tantos ojos vigilantes, jamás cohonestarían comportamientos indebidos.
Los retos planteados demandan un pacto colectivo en defensa de EPM. Su horizonte empresarial no se agota en los cuatro años del gobierno de turno. Necesitamos líderes que midan su capacidad de trascendencia en su visión de largo plazo. Hay que marginar la entidad de los vaivenes electorales. Que políticos y grupos empresariales saquen sus manos de EPM.
No más gobernantes pignorando ingresos futuros o haciendo proyectos innecesarios con los recursos colectivos. Tal vez eso explique el desasosiego del señor Gobernador al pedir a otros la serenidad que él mismo no muestra. El desastre de HIDROITUANGO pone límites a su pretensión de girar contra los ingresos de próximas generaciones.
Tras la contingencia de Hidroituango, la Junta Directiva de EPM aprobó estudiar posibles desinversiones, un asunto que pone a pensar.
Con finanzas sólidas, que se espera no sean afectadas por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, la Junta de EPM aprobó estudiar la venta de activos hasta por 3 billones de pesos, en caso de requerirse para atender las necesidades del proyecto y seguir con sus compromisos financieros habituales. ¿Es el momento de desinvertir en los negocios que no han dado resultados económicos para la Empresa?
En los últimos cinco años, EPM ha decidido la venta de parte de sus activos por tres razones bien diferentes. La primera en 2013, cuando aduciendo la necesidad de buscar un socio estratégico para poder competir en el negocio de las telecomunicaciones, el alcalde de la época, Aníbal Gaviria, llevó al Concejo de Medellín la propuesta de vender el 50% menos una acción de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. Como se dice en el argot popular, se mató la gallina de los huevos de oro, porque en adelante EPM no volvió a ver un peso de la empresa.
El segundo hecho ocurrió a comienzos de 2016, cuando fue llevada al Concejo de Medellín la propuesta de vender el 13.14% de la participación accionaria de EPM en Isagén, ante la posible pérdida de liquidez y bursatilidad de la acción en el corto plazo, el cambio de rol de Isagén al quedar en manos de un competidor de EPM, y la oportunidad histórica de vender las acciones a buen precio.
En ese momento el Concejo de Medellín debatió la conveniencia de recaudar los 1.48 billones de pesos que representaban las acciones y, a renglón seguido, tomar la decisión de qué hacer con esos dineros, pues EPM se encontraba con la suficiente solvencia en caja como para entregar gran parte de los recursos a la Alcaldía de Medellín, que los requería para avanzar en las obras del Tranvía de la carrera 80.
El tercer momento es el actual. El anuncio de una posible venta de activos surgió a raíz de la contingencia ocurrida en el proyecto hidroeléctrico Ituango, iniciada el 28 de abril. La posible enajenación o venta de activos y/o participación en sociedades hasta por 3 billones de pesos, fue anunciada por EPM como parte de un plan de desinversión planificado, con el fin de tener alternativas de fondeo de recursos que le permitan no solo atender la contingencia de Hidroituango sino seguir cumpliendo sus planes de inversión, operación y servicio de la deuda.
Las tres decisiones de desinversión se dieron en momentos históricos totalmente diferentes. Mientras que la venta de UNE buscaba recursos inmediatos para la alcaldía, la de Isagén sucedió en tiempos de calma financiera y la tercera en un momento coyuntural difícil. Sin embargo, ello no quiere decir que esta venta de activos sea un asunto menor, pues este tipo de decisiones toma su tiempo y siempre debe ser consultada y aprobada por el Concejo de Medellín.
Para Carlos Enrique Rodriguez, director de Renta Variable de Ultraserfinco, EPM “actualmente tiene habilitadas líneas de crédito con el fin de prevenir una necesidad de caja en el mediano plazo, la venta de activos es una medida complementaria para afrontar la actual situación como consecuencia de la emergencia del proyecto Hidroituango.
Si bien el patrimonio puede disminuir, EPM recibiría caja y no aumentaría su endeudamiento de forma considerable con el objetivo principal de conservar el grado de inversión. En resumen, puede decirse que la decisión no es desacertada”.
Finanzas sólidas
Pese a que la contingencia de Hidroituango continúa, EPM espera retomar el control del proyecto en octubre y reprogramó su entrada en operación para dentro de tres años. Por otro lado, las directivas han sido enfáticas en advertir que las finanzas de la Empresa siguen siendo sólidas y que al corte de abril de 2018 reportó ingresos por 5,1 billones de pesos, con un Ebitda de 1,7 billones de pesos.
A la pregunta de si es mejor enajenar activos o buscar recursos de otra forma para no afectar el patrimonio de la Empresa, Rodriguez señaló que “lo que se busca con la venta de activos es mejorar la posición de caja y reducir la deuda neta de la compañía. Al buscar un socio estratégico, por ejemplo, no se estaría mejorando el apalancamiento de la compañía”. Lo que sí debe quedar claro para la sociedad en general, es que no se debe abrir nunca la puerta de la Empresa a un “socio estratégico”, pues ello no es otra cosa que la entrada de los privados a EPM.
Es claro entonces que, si no es una decisión equivocada, la enajenación puede verse como una posibilidad de salir de activos que actualmente no le están aportando a EPM. Sobre ello Rodríguez dijo que “EPM tiene activos tanto a nivel nacional como internacional, nosotros creemos que las desinversiones se van a dar en el ámbito internacional y la valoración de dichos activos debería ser independiente al proyecto de Hidroituango, por tener flujos independientes. El precio final definitivamente va a depender de las circunstancias y necesidades del Grupo EPM”.
Según la Contraloría General de Medellín, hay inversiones de EPM en el exterior por las cuales se pagó mucho dinero y ha habido bajo retorno de la transacción. Un ejemplo fue el proyecto hidroeléctrico Bonyic, en Panamá, que tuvo un presupuesto inicial de 50 millones de dólares y al final se gastaron 314 millones de dólares. Otros negocios cuestionados son Aguas de Antofagasta (Adasa) y el Parque Los Cururos, en Chile; y Ticsa en México.
"La enajenación puede verse como una posibilidad de salir de activos que actualmente no le estan aportando a EPM"
Es posible que sea el momento propicio para repensar las inversiones extranjeras y salir de aquellas que no sean rentables para EPM, aunque la Empresa ha señalado en varias oportunidades que según el plan financiero es necesario esperar unos años más en algunas de ellas, para conseguir el retorno de la inversión.
Servicios Públicos
Entidades Gubernamentales
Organizaciones Sindicales
