EPM, históricamente, ha superado exitosamente diferentes retos, lo que ha convertido a la empresa en referente nacional e internacional por su rigurosidad técnica, por la capacidad de su gente y grupo de contratistas; así como su compromiso ambiental y social.
Esas fortalezas, que la han distinguido como verdadera fuente de bienestar y progreso para Medellín, para Antioquia y para Colombia, se han evidenciado, una vez más, con este hito de cierre de la segunda compuerta de captación, lo que permite disminuir los factores de riesgos de la población aguas abajo y recuperar la casa de máquinas del proyecto.
Esa medida tendrá impactos ambientales y sociales por la reducción de los caudales del río Cauca, los cuales están siendo gestionados con toda rigurosidad por la empresa, sus contratistas y las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entendemos que es una decisión difícil de asumir pero nada es más importante que la protección de la vida de las personas.
Desde SINPRO ratificamos nuestro respaldo a las decisiones que ha tomado EPM para cumplir con estos propósitos, pues estamos convencidos de que se ha hecho con todos los análisis técnicos y absoluta responsabilidad ambiental y social.
Este es el momento en que trabajadores y ciudadanía debemos estar más unidos, brindando toda la energía positiva para superar la contingencia del proyecto, seguir protegiendo la vida y el medio ambiente, y continuar adelante con la obra.
SINPRO
Frente a la comunicación de UNE a los trabajadores sobre un “Plan de Retiro Voluntario Dirigido”, SINPRO manifiesta:
- Que no existe voluntariedad de parte del personal en un plan de retiro que como lo dice la comunicación, está “dirigido a un grupo específico de colaboradores”.
- Que la administración de UNE se burla de la capacidad intelectual de los trabajadores al indicar contradictoriamente que este es un “plan de retiro voluntario dirigido (…) teniendo en cuenta el interés manifestado por un grupo de empleados”.
- Que esta es otra forma de presión indebida de parte de la administración de UNE a los servidores de la empresa, que sumada a la sobrecarga y el acoso laboral permanente, buscan forzar la salida de trabajadores y continuar con su plan de desmantelamiento de personal, de las convenciones colectivas de trabajo y de los sindicatos, prácticas que se han extendido a los trabajadores que prestan sus servicios a través de Huawei TMSC SAS.
- Que este es el tercer plan de retiro “voluntario” que en los últimos tres años realiza la administración Millicom en UNE, dentro de los propósitos ya mencionados y que son totalmente violatorios de lo pactado en el Acuerdo 17 de 2013, que dio vida a la mal llamada fusión UNE-Millicom.
- Que es importante que los trabajadores mantengan la calma frente a este tipo de presiones indebidas de parte de la administración de la empresa.
- Que acogerse a una decisión de esta magnitud es totalmente individual, por lo tanto sugerimos no tomarla a la ligera ni en tan poco tiempo. Invitamos a que cada trabajador analice detenidamente sus implicaciones en lo referente a su bienestar laboral, personal, familiar, financiero, pensional y hasta tributario de cualquier decisión que tome al respecto.
Recordamos a nuestros afiliados que SINPRO mantiene permanentemente a su disposición el equipo de asesoría legal
SINPRO
Parar ya esta espiral de insensatez
No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone.
Son conocidos los cuestionamientos del señor Gobernador a EPM, constructora y codueña del proyecto Hidroituango, seriamente impactada, tanto como el departamento de Antioquia, por la grave situación que enfrenta la obra.
Personal activo, ex funcionarios, pensionados, pero sobre todo, usuarios y comunidad en general, verdadera dueña de EPM, construyeron y consolidaron este preciado patrimonio colectivo, fuente vital de bienestar y progreso y testimonio visible de que lo público puede ser posible. Las delicadas consecuencias que podrían derivarse del insuceso demandan prudencia de todos los actores que intervienen en la solución del problema.
Bien haría el señor Gobernador en anteponer a sus resentimientos personales y aspiraciones políticas la necesidad de preservar la legitimidad que como gobernante está llamado a defender.
Si sus argumentos y pruebas son tan concluyentes como señala en los medios de comunicación, su obligación es utilizar las vías institucionales para ventilar ante autoridades e instancias competentes las demandas, reclamaciones y pruebas que soportan sus declaraciones. Si no las tiene, o si el trasfondo es otro, necesario es conminarlo a no seguir destruyendo la riqueza colectiva construida por toda la comunidad.
Como cabeza visible del Departamento de Antioquia tiene incluso la facultad de declarar la caducidad del contrato celebrado con EPM así como otras opciones legales. Pero es poco serio señalar con tanta ligereza sin que las investigaciones de las instancias formales hayan determinado responsabilidades. Su insensato proceder constituye no solo un grave detrimento patrimonial sino que pone en riesgo la existencia misma de la organización. Es una declaratoria pública de incompetencia recurrir a caminos tan mezquinos para hacer valer los innegables derechos que le asisten como dueño mayoritario de Hidroituango.
No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo impone. Debería saber que el rigor institucional de la cultura EPM, ese que tanto descalifica y desconoce, y que no ha desaparecido porque su invaluable recurso humano lo sostiene, jamás permitiría la impunidad ni la complicidad si es que hubiese dolo o negligencia como el gobernador irresponsablemente sugiere.
"No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone"
De otro lado, la búsqueda de responsables no requiere procedimientos exóticos ni se puede limitar a niveles intermedios de la organización como parece pensar la cúpula directiva de EPM. También tiene que mirarse a sí misma, tanto hoy como durante todo el desarrollo del proyecto, que cruza varias administraciones municipales y departamentales.
Por supuesto la catástrofe de Hidroituango demanda la intervención institucional así como el control político del Concejo Municipal, sindicatos, academia y todas las organizaciones sociales: conocer sus causas y que todos los responsables asuman las consecuencias. El momento adecuado para hacerlo pertenece a la conciencia de cada actor involucrado. Quizás no sea prudente hacerlo en medio de la tempestad.
Tan dañina como la politización de EPM o haberla puesto al servicio de sus intereses políticos durante el paso del señor Luis Perez Gutiérrez por la Alcaldía de Medellín, es su privatización soterrada e indirecta, consecuencia de haber entregado su administración y dirección a personas que representan intereses particulares de empresas privadas y grupos económicos. Es por ello que se impone devolver a EPM su total autonomía técnica y administrativa y que su conducción y manejo sea confiado a funcionarios que hayan hecho carrera dentro de la misma entidad porque es a ellos y a la comunidad y no a externalidades coyunturales o electorales, que debe EPM su meritoria existencia.
Que los alcaldes respeten la trayectoria interna de sus funcionarios y detengan la perversa practica de incluir a EPM en la repartija burocrática que resulta de cada proceso electoral. Ni para clientelas políticas ni para grupos económicos. EPM es de la comunidad y existe para generar calidad de vida a sus dueños, a sus usuarios, a su entorno. No para hacer buenos a los alcaldes de turno.
Una observación final: La gravedad del caso obliga a limitar las transferencias al Municipio de Medellín, así como repensar el norte de la organización, distorsionado con múltiples negocios en el exterior o enfoques tales como ser una multilatina muy importante. Sin negar posibilidades de ese tipo, no es esa la misión nuclear de la organización.
Desde el nacimiento de SINPRO, hace 16 años, la defensa de los derechos laborales, la sostenibilidad empresarial y la defensa del patrimonio público marcan la agenda del Sindicato de Profesionales.
El Acuerdo 069 de 1997 transformó a EPM en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 100% pública, de propiedad del Municipio de Medellín, y con una característica especial como ente autónomo. Esa condición pudo ser un golpe para la clase política y para algunos privados que ya la tenían en la mira. Pero no se quedaron quietos; los privados se fueron acercando poco a poco, al punto que son mayoría en la Junta Directiva de EPM y controlan a UNE; la clase política, por su parte, a través del Alcalde de la época -hoy Gobernador -, pretendió enquistarse en ella y arrasar lo construido en medio siglo.
Era necesario entonces proteger a EPM tanto de la politiquería como de quienes de forma subrepticia iban abriendo puertas para conducirla a su privatización, por lo que las intenciones de unos y otros parecían estar lejos de querer aportarle a la empresa, como debería ser, sino lucrarse de ella.
Esos hechos, no solo ponían en peligro la sostenibilidad de EPM, sino también a cientos de trabajadores cuyo rigor histórico en todas sus actuaciones había sido y sigue siendo clave para ubicar a EPM como la más importante empresa prestadora de servicios públicos del país, que efectivamente aporta a la calidad de vida de millones de ciudadanos.
En ese contexto y ante esas amenazas, el 10 de octubre de 2002 nacimos como Sindicato de Profesionales de EPM, que hoy 16 años después y bajo el nombre de SINPRO, contamos con 4.200 afiliados en EPM, UNE y Huawei; que han fortalecido nuestra filosofía sindical basada en tres principios, hoy más vigentes que nunca: la defensa natural de los derechos de los trabajadores, el aporte a la sostenibilidad de nuestras empresas y la defensa del patrimonio público, propósitos al que se nos han unido la Confederación General del Trabajo (CGT) y sus 700 mil afiliados en el país.
Lejos del concepto tradicional del sindicalismo y como único sindicato de Colombia adherente al Pacto Global de la ONU, desde SINPRO hemos desarrollado nuestros principios y actuaciones con una visión más amplia, conciliadora, ajustada a las nuevas realidades, abierta al disenso, con un carácter crítico y propositivo, y con un lenguaje respetuoso pero firme y autónomo, no exenta de constantes dificultades y desafíos.
Uno de ellos es el conflicto laboral colectivo que tenemos con UNE, para cuya resolución hemos presentado propuestas novedosas y explorado alternativas que conduzcan a un acuerdo justo y equilibrado para la empresa y para nuestros afiliados, que han soportado estoicamente la poca voluntad de la administración de UNE para la culminación de este conflicto, que ya hemos debido llevar a instancias superiores, como también lo referente a la situación de nuestros afiliados en Huawei.
Nuestra responsabilidad con la sostenibilidad de EPM y con la defensa del patrimonio público representado en ella, que sustentamos en la planeación estratégica que tenemos como sindicato de profesionales, ha hecho que pongamos como tema de discusión pública el porcentaje de las transferencias que EPM le hace a Medellín, en un momento en el que la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango ha hecho necesaria incluirla como agenda especial de ciudad y de país.
En este debate, que no da espera, debemos participar todos: Municipio de Medellín, EPM, Concejo de Medellín, Asamblea de Antioquia, organismos de control, academia, sindicatos, trabajadores, gremios, ciudadanos y los medios de comunicación. No se puede olvidar que están en juego gran parte del futuro de EPM y de la inversión social de la ciudad. En nuestro caso, es fundamental que entendamos que como miembros de una organización sindical y como servidores públicos nuestra responsabilidad va más allá de defender nuestros derechos, tenemos que defender y custodiar el patrimonio público representado en EPM y en UNE.
Estamos convencidos de que si continuamos con el norte que nos hemos trazado, seguiremos ganando espacios dentro y fuera de las empresas en torno al desarrollo de los principios con que nacimos; en esa tarea esperamos seguir contando con nuestros afiliados, con todos los trabajadores y con las diversas organizaciones y personas que se nos sigan uniendo en estos propósitos.
El Gobernador Luis Pérez, tras la contingencia de Hidroituango, busca diversas formas de exprimir a EPM.
Por: Guillermo Maya Muñoz, Profesor titular de Economía Universidad Nacional (*)
Una cosa es que el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín sean socios en proyectos que benefician la región y a su población, y otra que el primero pretenda tomar ventaja de la hermandad con la ciudad.
En este sentido, el proyecto de la clase política regional ante la "pobreza" fiscal del Departamento, que solo tiene la Fábrica de Licores de Antioquia como gran generador de ingresos, es convertir a Medellín y a EPM en la caja menor de sus proyectos y sueños presidenciales del gobernador de turno.
En consecuencia, EPM se convirtió en la gallina del Departamento de Antioquia con sus jugarretas tramposas en la Sociedad Hidroituango, que puede estructurarse como un juego estratégico en el que uno de los jugadores decide traicionar o amenazar, forzando al otro a ceder, obteniendo para sí un mejor resultado.
Antes de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango en abril pasado, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por intermedio del Gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco, le viene solicitando a EPM y al Alcalde de Medellín que le adelante al Departamento "20 años de flujos futuros (de Hidroituango) desde el 2018 hasta el 2038 (...) más o menos 3,5 billones de pesos (...) para poder financiar esos proyectos (El ferrocarril de Antioquia, el Puerto de Urabá (y) la pavimentación de mil kilómetros de vías terciarias".
Después de la contingencia, la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango rechazó "la cuenta de cobro de EPM por las labores de mitigación de la emergencia" que llegan al medio billón de pesos. En esa Junta está el socio mayoritario del proyecto, que es el Idea, con el 50,7 por ciento de las acciones. En esta sociedad EPM es el socio minoritario con el 46,3 por ciento, aunque es el que construye y opera el proyecto. Así lo manifiestan el gerente de la sociedad, José Gustavo Jiménez Arango; y el del Idea, Mauricio Tobón, cuyos cargos son controlados por Luis Pérez.
El Gobernador planea demandar a EPM por el lucro cesante anual de 1,6 billones de pesos, que el Departamento dejaría de recibir por la contingencia del proyecto hidroeléctrico y que demoraría la entrada en funcionamiento de la generación de energía por casi tres años.
Luis Pérez argumenta que "el Idea no tendría que poner recursos para la contingencia, porque el contrato solo estipula la entrega de más recursos si había problemas geológicos y (no) por errores de construcción". Estas declaraciones ponen al Gobernador del lado de las aseguradoras para evadir los pagos completos de las indemnizaciones a EPM.
En general, el Gobernador ha sido la voz discordante frente a la contingencia de Hidroituango, que califica como generadora de un "diluvio universal", haciendo proselitismo y protagonismo político frente a un posible desastre.
Sin embargo, ¿por qué el Gobernador llegó a estas exigencias y desplantes con EPM? Hay que explicarlo desde el principio. EPM era el accionista mayoritario del proyecto Pescadero-Ituango en marzo de 2006 con el 53,07 por ciento de las acciones. Accedió a compartir el control mayoritario del proyecto con el Departamento de Antioquia cediéndole 7,07 por ciento de sus acciones, de tal manera que cada uno quedara con el 46 por ciento.
Sin embargo, el Idea decidió comprar el 6,12 por ciento de las acciones que tenían en su poder los accionistas privados, para ser el socio mayoritario. El Gobernador era Luis Alfredo Ramos Botero y el Gerente del Idea era el excandidato conservador a la Gobernación, Álvaro Vásquez Osorio. ¿Por qué? Ramos impuso, desde la Junta Directiva, una subasta internacional para ceder la concesión de la hidroeléctrica a una firma internacional o, en su defecto, a EPM.
Finalmente, esta última, debido a presiones de la élite local y a la propia intervención del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se quedó con la concesión porque aceptó el siguiente acuerdo: EPM paga por la concesión, que comprende la construcción, la operación, el mantenimiento y la transferencia, "205 millones de dólares, con tres componentes: 100 millones de dólares como anticipo de los excedentes de la central (...); otros 35 millones de dólares que dependen de que el proyecto se desarrolle como una zona franca (...) y 70 millones de dólares que es lo que han aportado como capitalizaciones para adelantar el proyecto, que ya está en curso (en vías y otras obras)", como le dijo a El Colombiano el exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada.
Después de cincuenta años, terminada la concesión, el Departamento recibirá el 52 por ciento de las ganancias anuales, cercanas a 520 millones de dólares (a tasa de cambio de 2010). EPM recibiría a cambio la concesión de la hidroeléctrica por 50 años, 8 de construcción y 42 de operación, y unos excedentes considerables: EPM invertiría 3 mil millones de dólares y generaría el 17 por ciento de la energía del país.
Así, 156 municipios, y no solo antioqueños, sino también de Valle, Risaralda, Cauca, Quindío y Caldas, recibirían por regalías unos 40 mil millones de pesos anuales. ¿Cuánto pagaron por el control accionario que el periódico El Mundo en su momento llamó "toma hostil"? Según el artículo, las acciones del proyecto se pagaron hace 11 años a mil pesos cada una, y es posible que valieran dos mil pesos, o máximo 4 mil 500 pesos, y el Idea pagó 36.854 pesos por cada una en 2008.
Este elevado precio que pagó el Idea ha hecho que las directivas de EPM solicitaran a la Contraloría General de Antioquia una investigación fiscal porque con la operación "se benefició indebidamente y en forma desproporcionada el patrimonio de un grupo de accionistas privados en detrimento del patrimonio público".
EPM no tenía por qué haber entregado estos dineros para obtener la concesión si hubiera mantenido su mayoría accionaria, pero le salieron los "vivos" del Departamento y le metieron la mano al bolsillo por 205 millones de dólares.
¡Qué parceros!
El futuro de Antioquia está ligado a Medellín, pero que EPM ceda al Departamento, sin medir las consecuencias, parte de la propiedad accionaria de un proyecto, para que luego el Idea consiguiera el control de la Sociedad Hidroituango, fue una gran ingenuidad con un costo muy alto por parte del entonces Gerente de EPM, Federico Restrepo, en la Alcaldía de Alonso Salazar Jaramillo.
La Gobernación de Antioquia no ha tomado en serio la responsabilidad del desarrollo del Departamento, y la está desplazando a los habitantes de Medellín, que tienen que pagar altas tarifas de servicios públicos, altos impuestos prediales, y de paso financiar las obras viales municipales con impuestos de valorización.
Eso, mientras que en el resto del departamento prima la pereza fiscal, con avalúos catastrales desactualizados, y sin derramar los impuestos por valorización para financiar parte de las obras de infraestructura, como el Túnel del Toyo, que también ha sido financiado por Medellín con aportes directos cercanos a los 600 mil millones de pesos.
¿Qué pensaba el exgerente Restrepo sobre el negocio de Hidroituango? En una entrevista de El Espectador en 2010, le preguntaron: "¿En qué resultó la negociación para el desarrollo del proyecto Hidroituango?". Él respondió: "Todo fue ganancia". No parece, porque hasta el Departamento puede llegar a ser un perdedor si el proyecto fracasa, y llevarse en la borrasca a EPM y las finanzas de Medellín.
(*) Artículo escrito originalmente para el portal La Silla Vacía y cedido por su autor para el periódico Conexión.
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