Desde el nacimiento de SINPRO, hace 16 años, la defensa de los derechos laborales, la sostenibilidad empresarial y la defensa del patrimonio público marcan la agenda del Sindicato de Profesionales.
El Acuerdo 069 de 1997 transformó a EPM en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, 100% pública, de propiedad del Municipio de Medellín, y con una característica especial como ente autónomo. Esa condición pudo ser un golpe para la clase política y para algunos privados que ya la tenían en la mira. Pero no se quedaron quietos; los privados se fueron acercando poco a poco, al punto que son mayoría en la Junta Directiva de EPM y controlan a UNE; la clase política, por su parte, a través del Alcalde de la época -hoy Gobernador -, pretendió enquistarse en ella y arrasar lo construido en medio siglo.
Era necesario entonces proteger a EPM tanto de la politiquería como de quienes de forma subrepticia iban abriendo puertas para conducirla a su privatización, por lo que las intenciones de unos y otros parecían estar lejos de querer aportarle a la empresa, como debería ser, sino lucrarse de ella.
Esos hechos, no solo ponían en peligro la sostenibilidad de EPM, sino también a cientos de trabajadores cuyo rigor histórico en todas sus actuaciones había sido y sigue siendo clave para ubicar a EPM como la más importante empresa prestadora de servicios públicos del país, que efectivamente aporta a la calidad de vida de millones de ciudadanos.
En ese contexto y ante esas amenazas, el 10 de octubre de 2002 nacimos como Sindicato de Profesionales de EPM, que hoy 16 años después y bajo el nombre de SINPRO, contamos con 4.200 afiliados en EPM, UNE y Huawei; que han fortalecido nuestra filosofía sindical basada en tres principios, hoy más vigentes que nunca: la defensa natural de los derechos de los trabajadores, el aporte a la sostenibilidad de nuestras empresas y la defensa del patrimonio público, propósitos al que se nos han unido la Confederación General del Trabajo (CGT) y sus 700 mil afiliados en el país.
Lejos del concepto tradicional del sindicalismo y como único sindicato de Colombia adherente al Pacto Global de la ONU, desde SINPRO hemos desarrollado nuestros principios y actuaciones con una visión más amplia, conciliadora, ajustada a las nuevas realidades, abierta al disenso, con un carácter crítico y propositivo, y con un lenguaje respetuoso pero firme y autónomo, no exenta de constantes dificultades y desafíos.
Uno de ellos es el conflicto laboral colectivo que tenemos con UNE, para cuya resolución hemos presentado propuestas novedosas y explorado alternativas que conduzcan a un acuerdo justo y equilibrado para la empresa y para nuestros afiliados, que han soportado estoicamente la poca voluntad de la administración de UNE para la culminación de este conflicto, que ya hemos debido llevar a instancias superiores, como también lo referente a la situación de nuestros afiliados en Huawei.
Nuestra responsabilidad con la sostenibilidad de EPM y con la defensa del patrimonio público representado en ella, que sustentamos en la planeación estratégica que tenemos como sindicato de profesionales, ha hecho que pongamos como tema de discusión pública el porcentaje de las transferencias que EPM le hace a Medellín, en un momento en el que la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango ha hecho necesaria incluirla como agenda especial de ciudad y de país.
En este debate, que no da espera, debemos participar todos: Municipio de Medellín, EPM, Concejo de Medellín, Asamblea de Antioquia, organismos de control, academia, sindicatos, trabajadores, gremios, ciudadanos y los medios de comunicación. No se puede olvidar que están en juego gran parte del futuro de EPM y de la inversión social de la ciudad. En nuestro caso, es fundamental que entendamos que como miembros de una organización sindical y como servidores públicos nuestra responsabilidad va más allá de defender nuestros derechos, tenemos que defender y custodiar el patrimonio público representado en EPM y en UNE.
Estamos convencidos de que si continuamos con el norte que nos hemos trazado, seguiremos ganando espacios dentro y fuera de las empresas en torno al desarrollo de los principios con que nacimos; en esa tarea esperamos seguir contando con nuestros afiliados, con todos los trabajadores y con las diversas organizaciones y personas que se nos sigan uniendo en estos propósitos.
Parar ya esta espiral de insensatez
No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone.
Son conocidos los cuestionamientos del señor Gobernador a EPM, constructora y codueña del proyecto Hidroituango, seriamente impactada, tanto como el departamento de Antioquia, por la grave situación que enfrenta la obra.
Personal activo, ex funcionarios, pensionados, pero sobre todo, usuarios y comunidad en general, verdadera dueña de EPM, construyeron y consolidaron este preciado patrimonio colectivo, fuente vital de bienestar y progreso y testimonio visible de que lo público puede ser posible. Las delicadas consecuencias que podrían derivarse del insuceso demandan prudencia de todos los actores que intervienen en la solución del problema.
Bien haría el señor Gobernador en anteponer a sus resentimientos personales y aspiraciones políticas la necesidad de preservar la legitimidad que como gobernante está llamado a defender.
Si sus argumentos y pruebas son tan concluyentes como señala en los medios de comunicación, su obligación es utilizar las vías institucionales para ventilar ante autoridades e instancias competentes las demandas, reclamaciones y pruebas que soportan sus declaraciones. Si no las tiene, o si el trasfondo es otro, necesario es conminarlo a no seguir destruyendo la riqueza colectiva construida por toda la comunidad.
Como cabeza visible del Departamento de Antioquia tiene incluso la facultad de declarar la caducidad del contrato celebrado con EPM así como otras opciones legales. Pero es poco serio señalar con tanta ligereza sin que las investigaciones de las instancias formales hayan determinado responsabilidades. Su insensato proceder constituye no solo un grave detrimento patrimonial sino que pone en riesgo la existencia misma de la organización. Es una declaratoria pública de incompetencia recurrir a caminos tan mezquinos para hacer valer los innegables derechos que le asisten como dueño mayoritario de Hidroituango.
No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo impone. Debería saber que el rigor institucional de la cultura EPM, ese que tanto descalifica y desconoce, y que no ha desaparecido porque su invaluable recurso humano lo sostiene, jamás permitiría la impunidad ni la complicidad si es que hubiese dolo o negligencia como el gobernador irresponsablemente sugiere.
"No es con titulares de prensa como un gobernante cumple las obligaciones que el cargo le impone"
De otro lado, la búsqueda de responsables no requiere procedimientos exóticos ni se puede limitar a niveles intermedios de la organización como parece pensar la cúpula directiva de EPM. También tiene que mirarse a sí misma, tanto hoy como durante todo el desarrollo del proyecto, que cruza varias administraciones municipales y departamentales.
Por supuesto la catástrofe de Hidroituango demanda la intervención institucional así como el control político del Concejo Municipal, sindicatos, academia y todas las organizaciones sociales: conocer sus causas y que todos los responsables asuman las consecuencias. El momento adecuado para hacerlo pertenece a la conciencia de cada actor involucrado. Quizás no sea prudente hacerlo en medio de la tempestad.
Tan dañina como la politización de EPM o haberla puesto al servicio de sus intereses políticos durante el paso del señor Luis Perez Gutiérrez por la Alcaldía de Medellín, es su privatización soterrada e indirecta, consecuencia de haber entregado su administración y dirección a personas que representan intereses particulares de empresas privadas y grupos económicos. Es por ello que se impone devolver a EPM su total autonomía técnica y administrativa y que su conducción y manejo sea confiado a funcionarios que hayan hecho carrera dentro de la misma entidad porque es a ellos y a la comunidad y no a externalidades coyunturales o electorales, que debe EPM su meritoria existencia.
Que los alcaldes respeten la trayectoria interna de sus funcionarios y detengan la perversa practica de incluir a EPM en la repartija burocrática que resulta de cada proceso electoral. Ni para clientelas políticas ni para grupos económicos. EPM es de la comunidad y existe para generar calidad de vida a sus dueños, a sus usuarios, a su entorno. No para hacer buenos a los alcaldes de turno.
Una observación final: La gravedad del caso obliga a limitar las transferencias al Municipio de Medellín, así como repensar el norte de la organización, distorsionado con múltiples negocios en el exterior o enfoques tales como ser una multilatina muy importante. Sin negar posibilidades de ese tipo, no es esa la misión nuclear de la organización.
Los últimos cinco alcaldes volvieron costumbre financiar sus planes de desarrollo con hasta el 55% de los excedentes financieros de EPM. Este tema debe revisarse.
Los últimos cinco alcaldes volvieron costumbre financiar sus planes de desarrollo con hasta el 55% de los excedentes financieros de EPM. Este tema que en época de vacas gordas no era objeto de discusión, tras la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango debe revisarse.
La historia de la modernización de Medellín está fuertemente ligada al éxito financiero de EPM. No es un secreto que la alta favorabilidad en las encuestas de los últimos alcaldes de la ciudad se debe a que han podido gobernar sin apuros económicos, pues la caja de EPM siempre ha estado a disposición para atender las necesidades de la ciudad y los “antojos” de los mandatarios de turno, lo que ha representado desde 2001 un poco más de 11,5 billones de pesos en transferencias de EPM al Municipio, y una previsión de $1,1 billones para el año 2019.
En 1997 cuando el Concejo de Medellín debatió sobre el futuro de EPM, se votó a favor de que la empresa continuara siendo ciento por ciento pública y se puso un tope a las transferencias que el ente autónomo debía entregarle cada año al Municipio para inversión social. Mediante el Acuerdo 069 se fijó ese tope en el 30% de las utilidades netas de EPM, de manera que la empresa se reservara recursos para expansión y para el mantenimiento de la infraestructura existente.
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Luis Pérez y la Fundación EPM Esos montos fueron altamente representativos en el presupuesto del Municipio, pero muy pronto los alcaldes comenzaron a ver que los sueños de sus Planes de Desarrollo excedían lo que EPM les transfería. El primero que vio cómo sacar recursos adicionales fue el exalcalde Luis Pérez Gutiérrez, quien a través de la Fundación EPM financió la Biblioteca Temática ubicada en el Parque de las Luces, con recursos que no se registraron en el presupuesto del Municipio de Medellín, sino en las de EPM y la propia Fundación.
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En ese momento llovieron críticas de parte de las veedurías de la época que consideraron un sacrilegio tocar de esa forma las arcas de EPM. Sin embargo, los mismos que reprocharon ese aumento disfrazado de las transferencias de EPM, cuando llegaron a gobernar decidieron replicar ese aumento, a través de una figura que legalizara superar ese tope del 30% citado en el Acuerdo 069 de 1997.
Fajardo y herencia del Acuerdo Marco
Así lo dice el Plan de Desarrollo del exalcalde Sergio Fajardo Valderrama en las disposiciones generales para la ejecución del plan financiero: “No obstante el Plan Financiero estar financiado para los años 2005, 2006 y 2007 con recursos del crédito por $464.119 millones, la Administración Municipal podrá acudir a excedentes financieros adicionales de EPM de los referenciados en el… presente Plan de Desarrollo, hasta por $250.000 millones durante los tres años, para reemplazar recursos del crédito ya aprobados”. Acto seguido, el documento señala que para apropiarse de los excedentes financieros mencionados había que presentar solicitud de aprobación al Concejo de Medellín. Y así se hizo, pero oficialmente es lo mismo que hizo Luis Pérez en su momento, solo que utilizó otras vías para sacar más recursos de EPM.
Además de proyectar transferencias adicionales, Fajardo agregó otros $160.000 millones en transferencias extraordinarias, $80.000 millones para construir 10 colegios de calidad y otros $80.000 millones para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas ya existentes. Buena forma de celebrar los 50 años de EPM, en épocas de vacas gordas. Ahí fue cuando lo que no era regla, se volvió una costumbre que sigue vigente con la firma del Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín – Empresas Públicas de Medellín, que suscribió el propio Sergio Fajardo con el exgerente de EPM, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, en el año 2007.
El Convenio Marco estableció que ambas entidades podían crecer esas transferencias para programas específicos de inversión… “de modo que no se ponga en riesgo la viabilidad empresarial ni su expansión ordenada. En todo caso, las transferencias adicionales deberán ser autorizadas mediante acuerdo del Concejo Municipal”. Vuelve la propuesta a la vía de lo legal, pero el sentido es el mismo, pues EPM parece ser la única proveedora de recursos para el funcionamiento del Municipio de Medellín, que ahora recibe hasta el 55% de las utilidades de la empresa.
Alonso Salazar y excedentes adicionales
El Plan de Desarrollo Municipal del exalcalde Alonso Salazar Jaramillo previó de entrada la necesidad de excedentes adicionales por $750.000 millones para el cuatrienio, es decir, si EPM no hubiera podido entregar más recursos, el plan de Salazar hubiera tenido que recurrir a recursos del crédito, buscar otras formas de financiación o simplemente aterrizar su carta de navegación como mandatario local. Obviamente cada alcalde espera lucirse en su periodo de gobierno y para ello presenta un plan ambicioso y con resultados que beneficien su imagen, pero financieramente no están justificados porque las transferencias adicionales de EPM se volvieron la regla a seguir.
Aníbal Gaviria y transferencias a tope
El Plan de Desarrollo del exalcalde Aníbal Gaviria Correa requirió para su financiación en los cuatro años, excedentes ordinarios por $2,06 billones, excedentes extraordinarios por $0.1 billones y excedentes adicionales por $1.61 billones, para un total de $3.78 billones. Esa plata tampoco le alcanzó por lo que el exalcalde Gaviria decidió vender la mitad de UNE, por lo que le ingresaron otros $1.4 billones, los que distribuyó así: educación y cultura (400.000 millones de pesos); movilidad y sostenibilidad (800.000 millones); seguridad (100.000 millones) e inclusión social (100.000 millones). Realmente lo más visible de esta inversión fue el proyecto Parques del Río Medellín, que comprometió recursos de los años venideros.
Federico Gutiérrez y ¿Tranvía de la 80?
Por su parte, el Plan de Desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga también contempló dos tipos de excedentes, entre ordinarios y adicionales. Estos últimos sumaron más de $1.8 billones para el cuatrienio, sin contar otros recursos adicionales por $600.000 millones obtenidos por EPM por la venta de sus acciones en Isagén y que el Municipio de Medellín puede considerar como excedentes extraordinarios, para ser girados de a $150.000 millones por año, entre 2016 y 2019.
El compromiso era invertir esos $600.000 millones en el proyecto Tranvía de la carrera 80 o Corredor Vial de la 80, que tiene un costo superior a los $3 billones y cuyos recursos se han tratado de buscar a través del Gobierno Nacional con la Ley de Metros, sin que hasta el momento se hayan obtenido aportes para esta obra.
Pero lo más revelador es que este proyecto ya no aparece en el contenido del Presupuesto General del Municipio de Medellín para el año 2019 (Proyecto de Acuerdo 156). Entonces ¿Qué pasará con esos $600.000 millones producto de la venta de las acciones de EPM en Isagén.
Un momento en que todos ponemos
Con lo expuesto y ante la situación de iliquidez financiera de EPM tras la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, se hace necesario abordar de inmediato la discusión sobre el porcentaje de las transferencias al Municipio, poniendo en la balanza la inversión social en la ciudad y la sostenibilidad de la empresa.
Es imperativo que haya un aporte conjunto en esos propósitos, y uno de esos caminos es el de revisar el Convenio Marco firmado en 2007 y el monto de las transferencias que hoy, entre ordinarias y extraordinarias llegan al 55% de los excedentes financieros de EPM, cuando el Acuerdo 069 de 1997 indica claramente que éstas son del 30%; un monto suficientemente amplio para la inversión social.
En esa misma discusión del aporte de todas las entidades cabe preguntar si el Municipio debería pedir también excedentes financieros a otras entidades a su cargo, como la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), o a sociedades de economía mixta como las Terminales de Transporte de Medellín y Plaza Mayor. Y cabría también revisar si liquidar a Metroparques, una empresa que deja poca o ninguna rentabilidad económica y social, podría contribuir a optimizar el presupuesto municipal.
¿Qué es inversión social?
Es importante tener la suficiente claridad sobre lo que significa inversión social, pues los recursos que se transfieren de EPM al Municipio de Medellín deben estar orientados en esa dirección, es decir, en proyectos de educación, de salud, de atención a poblaciones vulnerables y otros cuya finalidad sea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que son los verdaderos dueños de la empresa.
Se hace necesario entonces que la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, como se lo han solicitado algunos concejales de la ciudad, indique puntual y detalladamente en que se utilizan esos recursos de las transferencias, y explique lo que es considerado efectivamente como inversión social.
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Enajenar o no enajenar, he ahí el dilema
El Gobernador Luis Pérez, tras la contingencia de Hidroituango, busca diversas formas de exprimir a EPM.
Por: Guillermo Maya Muñoz, Profesor titular de Economía Universidad Nacional (*)
Una cosa es que el Departamento de Antioquia y el Municipio de Medellín sean socios en proyectos que benefician la región y a su población, y otra que el primero pretenda tomar ventaja de la hermandad con la ciudad.
En este sentido, el proyecto de la clase política regional ante la "pobreza" fiscal del Departamento, que solo tiene la Fábrica de Licores de Antioquia como gran generador de ingresos, es convertir a Medellín y a EPM en la caja menor de sus proyectos y sueños presidenciales del gobernador de turno.
En consecuencia, EPM se convirtió en la gallina del Departamento de Antioquia con sus jugarretas tramposas en la Sociedad Hidroituango, que puede estructurarse como un juego estratégico en el que uno de los jugadores decide traicionar o amenazar, forzando al otro a ceder, obteniendo para sí un mejor resultado.
Antes de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango en abril pasado, el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por intermedio del Gerente del Idea, Mauricio Tobón Franco, le viene solicitando a EPM y al Alcalde de Medellín que le adelante al Departamento "20 años de flujos futuros (de Hidroituango) desde el 2018 hasta el 2038 (...) más o menos 3,5 billones de pesos (...) para poder financiar esos proyectos (El ferrocarril de Antioquia, el Puerto de Urabá (y) la pavimentación de mil kilómetros de vías terciarias".
Después de la contingencia, la Junta Directiva de la Sociedad Hidroituango rechazó "la cuenta de cobro de EPM por las labores de mitigación de la emergencia" que llegan al medio billón de pesos. En esa Junta está el socio mayoritario del proyecto, que es el Idea, con el 50,7 por ciento de las acciones. En esta sociedad EPM es el socio minoritario con el 46,3 por ciento, aunque es el que construye y opera el proyecto. Así lo manifiestan el gerente de la sociedad, José Gustavo Jiménez Arango; y el del Idea, Mauricio Tobón, cuyos cargos son controlados por Luis Pérez.
El Gobernador planea demandar a EPM por el lucro cesante anual de 1,6 billones de pesos, que el Departamento dejaría de recibir por la contingencia del proyecto hidroeléctrico y que demoraría la entrada en funcionamiento de la generación de energía por casi tres años.
Luis Pérez argumenta que "el Idea no tendría que poner recursos para la contingencia, porque el contrato solo estipula la entrega de más recursos si había problemas geológicos y (no) por errores de construcción". Estas declaraciones ponen al Gobernador del lado de las aseguradoras para evadir los pagos completos de las indemnizaciones a EPM.
En general, el Gobernador ha sido la voz discordante frente a la contingencia de Hidroituango, que califica como generadora de un "diluvio universal", haciendo proselitismo y protagonismo político frente a un posible desastre.
Sin embargo, ¿por qué el Gobernador llegó a estas exigencias y desplantes con EPM? Hay que explicarlo desde el principio. EPM era el accionista mayoritario del proyecto Pescadero-Ituango en marzo de 2006 con el 53,07 por ciento de las acciones. Accedió a compartir el control mayoritario del proyecto con el Departamento de Antioquia cediéndole 7,07 por ciento de sus acciones, de tal manera que cada uno quedara con el 46 por ciento.
Sin embargo, el Idea decidió comprar el 6,12 por ciento de las acciones que tenían en su poder los accionistas privados, para ser el socio mayoritario. El Gobernador era Luis Alfredo Ramos Botero y el Gerente del Idea era el excandidato conservador a la Gobernación, Álvaro Vásquez Osorio. ¿Por qué? Ramos impuso, desde la Junta Directiva, una subasta internacional para ceder la concesión de la hidroeléctrica a una firma internacional o, en su defecto, a EPM.
Finalmente, esta última, debido a presiones de la élite local y a la propia intervención del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, se quedó con la concesión porque aceptó el siguiente acuerdo: EPM paga por la concesión, que comprende la construcción, la operación, el mantenimiento y la transferencia, "205 millones de dólares, con tres componentes: 100 millones de dólares como anticipo de los excedentes de la central (...); otros 35 millones de dólares que dependen de que el proyecto se desarrolle como una zona franca (...) y 70 millones de dólares que es lo que han aportado como capitalizaciones para adelantar el proyecto, que ya está en curso (en vías y otras obras)", como le dijo a El Colombiano el exgerente de EPM, Federico Restrepo Posada.
Después de cincuenta años, terminada la concesión, el Departamento recibirá el 52 por ciento de las ganancias anuales, cercanas a 520 millones de dólares (a tasa de cambio de 2010). EPM recibiría a cambio la concesión de la hidroeléctrica por 50 años, 8 de construcción y 42 de operación, y unos excedentes considerables: EPM invertiría 3 mil millones de dólares y generaría el 17 por ciento de la energía del país.
Así, 156 municipios, y no solo antioqueños, sino también de Valle, Risaralda, Cauca, Quindío y Caldas, recibirían por regalías unos 40 mil millones de pesos anuales. ¿Cuánto pagaron por el control accionario que el periódico El Mundo en su momento llamó "toma hostil"? Según el artículo, las acciones del proyecto se pagaron hace 11 años a mil pesos cada una, y es posible que valieran dos mil pesos, o máximo 4 mil 500 pesos, y el Idea pagó 36.854 pesos por cada una en 2008.
Este elevado precio que pagó el Idea ha hecho que las directivas de EPM solicitaran a la Contraloría General de Antioquia una investigación fiscal porque con la operación "se benefició indebidamente y en forma desproporcionada el patrimonio de un grupo de accionistas privados en detrimento del patrimonio público".
EPM no tenía por qué haber entregado estos dineros para obtener la concesión si hubiera mantenido su mayoría accionaria, pero le salieron los "vivos" del Departamento y le metieron la mano al bolsillo por 205 millones de dólares.
¡Qué parceros!
El futuro de Antioquia está ligado a Medellín, pero que EPM ceda al Departamento, sin medir las consecuencias, parte de la propiedad accionaria de un proyecto, para que luego el Idea consiguiera el control de la Sociedad Hidroituango, fue una gran ingenuidad con un costo muy alto por parte del entonces Gerente de EPM, Federico Restrepo, en la Alcaldía de Alonso Salazar Jaramillo.
La Gobernación de Antioquia no ha tomado en serio la responsabilidad del desarrollo del Departamento, y la está desplazando a los habitantes de Medellín, que tienen que pagar altas tarifas de servicios públicos, altos impuestos prediales, y de paso financiar las obras viales municipales con impuestos de valorización.
Eso, mientras que en el resto del departamento prima la pereza fiscal, con avalúos catastrales desactualizados, y sin derramar los impuestos por valorización para financiar parte de las obras de infraestructura, como el Túnel del Toyo, que también ha sido financiado por Medellín con aportes directos cercanos a los 600 mil millones de pesos.
¿Qué pensaba el exgerente Restrepo sobre el negocio de Hidroituango? En una entrevista de El Espectador en 2010, le preguntaron: "¿En qué resultó la negociación para el desarrollo del proyecto Hidroituango?". Él respondió: "Todo fue ganancia". No parece, porque hasta el Departamento puede llegar a ser un perdedor si el proyecto fracasa, y llevarse en la borrasca a EPM y las finanzas de Medellín.
(*) Artículo escrito originalmente para el portal La Silla Vacía y cedido por su autor para el periódico Conexión.
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Los nuevos retos de EPM
Sin falta y con orden del día en mano, cada semana se reúne un grupo de jubilados de EPM para tratar temas de actualidad de la empresa, pues a pesar del retiro siguen conectados a ella y dispuestos a protegerla. Ver más.
La década de los setenta fue dura para EPM. En 1972 se terminó la primera parte del Embalse Peñol – Guatapé y en 1979, la segunda. Quienes recuerdan aquellos años, saben que hubo una gran polémica porque se requería inundar todo el casco urbano de El Peñol, lo que significaba trasladar el pueblo a otro lugar. Fue difícil la comunicación con las comunidades, especialmente con los representantes de la Iglesia Católica, pero fueron años de aprendizaje y el nacimiento de lo que hoy en día es la gestión social y ambiental de EPM. Recordar lo que ya parece una anécdota sin relevancia, fue parte de una tertulia de 15 jubilados de EPM, que se reúne sagradamente todos los viernes.
A mitad de camino de la construcción del Embalse llegó a la Gerencia de EPM el economista Diego Calle Restrepo, un hombre de Ciudad Bolívar que hasta el día de hoy es una leyenda en la empresa. Diego Calle era un hombre técnico pero con grandes capacidades sociales, fue capaz de disuadir las protestas y sacar adelante el proyecto. Los jubilados lo recuerdan especialmente por una frase que los dejó marcados: “metan la pata pero nunca la mano”, refiriéndose a que se perdonaban los errores, pero nunca la indelicadeza con los recursos públicos.
Hace 40 años trabajar en EPM era un sueño, pues la reputación de la empresa era tan sólida como una roca; había garantía de estabilidad, buen nivel salarial y altas posibilidades de capacitación. Pero ingresar tenía condiciones: cumplir con los rigores técnico, administrativo, financiero, social y jurídico, aplicados especialmente, a la contratación. “El que entraba y no marchaba, se iba”, recuerda Ignacio Posada. Eso sí, a nadie se le dejaba solo en el arranque, pues siempre había alguien con experiencia que acompañaba al que recién llegaba.
Además de esa rigurosidad cotidiana, el empleado EPM tenía otras dos características marcadas: servicio al ciudadano y sentido de pertenencia. Era común que el que entraba se visualizara como jubilado. Laborar por tanto tiempo juntos, 20 o 30 años muchos de ellos, generó camaradería en los equipos de trabajo, tanto así que hoy la mayoría de los jubilados conservan redes de amistad y realizan actividades como tertulias, caminatas y obras sociales.
“Además de esa rigurosidad cotidiana, el empleado EPM tenía otras dos características marcadas: servicio al ciudadano y sentido de pertenencia”
Otro recuerdo de aquellas épocas es la relación con los jefes, con quienes se combinaba respeto y cariño. Había cierta flexibilidad para trabajar con libertad y para proponer, cada quien se sentía dueño de su trabajo, siempre bajo los rigores mencionados. “Había valoración del trabajo, aunque fueran temas difíciles o novedosos para nosotros, pero los resultados siempre se materializaban y a cambio había grandes posibilidades de capacitación o de ascensos”, coinciden con Mauricio Arias el resto de los tertuliantes. Mantener la alta calidad del recurso humano era muy importante, pues siempre había retos.
Otro momento de tensión que se recuerda fue la época del racionamiento energético, ocurrido entre 1992 y 1993. Esa angustia la vivió como Gerente de EPM, Carlos Enrique Moreno, quien recuerdan los jubilados, se apersonó del problema, estudió y defendió a EPM ante el Concejo y los medios de comunicación, especialmente los bogotanos. Al final EPM fue la única empresa no sancionada por mal manejo de ese incidente nacional.
Salven a Hidroituango
Este grupo, que dice que la EPM de hoy es un misterio para ellos, dicen haber sido testigos de tres cambios estructurales muy importantes en la vida institucional de la empresa: el primero a mediados de los setenta, el segundo en los noventa cuando se crearon las Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) y el más reciente con el proyecto EPM Sin Fronteras, que creó la estructura corporativa actual.
Aferrándose al dicho popular “todo tiempo pasado fue mejor”, este grupo considera que la EPM de hoy tiene algo de la empresa de hace 40 años, pero ha bajado en cuanto a sentido de pertenencia. Creen que las generaciones más jóvenes son diferentes y a muchos no les interesa hacer carrera dentro de la empresa, pues gustan más de acumular diferentes experiencias laborales y profesionales.
Sobre la situación actual de la empresa, marcada por la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, prefieren ser prudentes, pues consideran que sin conocerse los resultados de los estudios que adelanta la firma Skava, salir a dar declaraciones, en lugar de aportarle a la empresa se hace un ruido innecesario; por eso destacan la estrategia de EPM de entregar información clara y sin entrar en discusiones, mientras se trabaja en salvar el proyecto, del que no desconfían, porque creen que así como Guadalupe III, que fue inaugurada en 1966 y todavía es rentable, aunque herida, esta obra saldrá a flote y rendirá sus frutos para EPM y para el Departamento, y prestará un gran servicio al país.
“…sin conocerse los resultados de los estudios que adelanta la firma Skava, salir a dar declaraciones, en lugar de aportarle a la empresa se hace un ruido innecesario”.
A pesar de la confianza en el proyecto, creen que algunos enemigos gratuitos se han conseguido por efecto de la arrogancia de algunos funcionarios, que no entienden lo que es el servicio, razón de ser de la empresa. Muchas de esas animadversiones, manifiestan, son de corte politiquero y con fines electorales. No entienden, por ejemplo, por qué no se han compartido con EPM los estudios realizados por la Universidad Nacional sobre las supuestas fallas en el proyecto.
Los tertuliantes comparten la idea de que el proyecto Ituango es una estrategia de crecimiento de EPM, que comenzó cuando la Ley 142 de 1994 abrió las puertas a la competencia en el sector de los servicios públicos domiciliarios. Recuerdan que el proceso inició lento y fue de carácter nacional, pero en el año 2000 comenzaron a llegar al campo local los jugadores internacionales. Por temas de limitaciones regulatorias, EPM decidió mirar afuera del país y comenzó a invertir en el exterior, lo que justamente hoy se revisa: la estrategia de desinversión de activos en el exterior para enfocarse en la inversión nacional.
Hablan de EPM como si fuera un ser humano al que conocieron cuando era joven y que ahora lo ven alcanzado una gran madurez, afrontando obstáculos para lograr metas. EPM trae buenos recuerdos y sirvió de enlace para conocer a los amigos de toda la vida. ¿Cómo no querer que a una persona así le vaya bien? Por eso este grupo de pensionados esperan que EPM supere la contingencia de Ituango, aprenda del proceso y siga adelante, como ocurrió con El Peñol.
Ciencia nacida en EPM para el mundo
EPM no solo ha sido fuente de bienestar y progreso, sino que en la medida en que avanza en sus proyectos, tiene a sus profesionales comprometidos con desarrollos sostenibles. Así es como desde los diferentes negocios han surgido iniciativas que hoy no solo se utilizan internamente, sino que se han compartido con la academia y con otras organizaciones.
Comenzando la década de los setenta, un grupo de profesionales de la Unidad Planeación Recursos Naturales quedó con la tarea de aplicar el Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811/74), que medía los impactos ambientales de los proyectos. Para la época la tarea no era fácil, pero el trabajo en equipo ayudó.
“Con el grupo de trabajo que realizábamos los estudios de los proyectos, empezamos a estudiar las metodologías existentes para calificar los impactos y nos pusimos en la tarea de diseñar una nueva que satisficiera nuestras necesidades y fue así como en 1985 logramos construir un método idóneo y universal para evaluar los impactos ambientales de cualquier tipo de proyecto, obra o actividad, el cual se denominó Método EPM”, recuerda Jorge Arboleda, uno de los profesionales a cargo. Hoy se conoce como el Método Arboleda, debido a la divulgación que el ingeniero hizo del proceso en sus clases (UdeA, UPB y EIA), a la publicación del libro “Manual para la evaluación de impactos ambientales de proyectos, obras o actividades” y la presentación del mismo en congresos o seminarios.
Iniciativas como esta son varias las que han surgido en los grupos de trabajo de EPM, pues el profesional a cargo de un proyecto no solo está pendiente de cumplir con un cronograma de trabajo, sino en la forma como lo que está haciendo incide en el mejoramiento de los procesos.
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